Estas campañas son etapas del plan de reingeniería social que llevan a cabo los países centrales y se enmarcan en un proyecto de dominio totalitario que tiene como rasgo típico el ataque al hombre en sus dimensiones físicas, psicológica y espiritual. Un totalitarismo que inhibe, paraliza, congela y anestesia la capacidad de juicio personal y la toma de decisiones libres y que se introduce en las "democracias" con trampas del lenguaje que esconden continuos atentados contra la mujer y el niño, como el aborto.
Después del intento fracasado de imponer un férreo control demográfico a los países del Tercer Mundo, en la I Conferencia Mundial de Población de Bucarest (1974), organizada por las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos adoptó -entre otras- las siguientes directivas de gobierno, [1]:
1. Es necesario poner el mayor énfasis en "motivar a los dirigentes de los países en vías de desarrollo para que acepten las actividades de planificación familiar".
2. "Se debe ayudar a esos dirigentes a integrar las políticas de población en los planes nacionales de salud, educación y desarrollo". Esta medida, "ayudará a rebatir la acusación ideológica que los Estados Unidos están interesados en frenar el crecimiento de población de los países en desarrollo".
3. Pero, para evitar la acusación de imperialismo anticonceptivo se decide disimular las políticas antinatalistas insistiendo en: "a) el derecho individual a determinar libre y responsablemente el espaciamiento de los hijos, y b) el derecho al desarrollo de los países pobres".
4. Se comienza a promover una campaña "de reingeniería social para provocar cambios culturales y 'cambiar las creencias' (se refiere a creencias religiosas)", obviamente para facilitar la hegemonía de los países desarrollados, tratando de neutralizar la influencia de la Iglesia Católica.
A través de las conferencias internacionales realizadas en este último decenio, la Cumbre de Río ("Eco'92", 1992), la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (Viena, 1993), la III Conferencia de Población de El Cairo (1994), la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague (1995), la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), Habitat II (Estambul, 1996), Cumbre Alimentaria Mundial (Roma, 1996), y las reuniones de seguimiento correspondientes, como El Cairo+5 en 1999, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, apoyadas por un grupo de numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), intensificaron la presión antinatalista sobre los países del Tercer Mundo.
El 25 de marzo de 1995, Juan Pablo II denunció "una guerra de los poderosos contra los débiles", (Enc. Evangelium Vitae, n. 12) (…), "el antiguo Faraón viendo como una pesadilla la presencia y el aumento de los hijos de Israel, los sometió a toda forma de opresión y ordenó que fueran asesinados todos los recién nacidos varones de las mujeres hebreas (cfr. Ex 1, 7-22). De este modo se comportan hoy no pocos poderosos de la tierra", (Enc. Evangelium Vitae, n. 16)
Dos años antes el Sumo Pontífice había denunciado este afán totalitario de los países del Norte como "una nueva guerra fría, provocada por la carrera desenfrenada al acaparamiento y a la explotación de los recursos de la tierra por parte de unos pocos privilegiados sienta las bases para otra forma de guerra fría, entre el Norte y el Sur", (Discurso, 8-V-93).
Hispanoamérica: aborto encubierto
Como era lógico Hispanoamérica no se ha mantenido al margen de esta presión internacional. Podría parecer lo contrario teniendo en cuenta las declaraciones pro-vida de diferentes Presidentes y su postura contraria al aborto quirúrgico en los foros internacionales, pero eso no ha preservado a estos países de la embestida contra la vida humana[2].
A lo largo de esta década se han ido sucediendo los proyectos, las leyes y las reglamentaciones municipales que reconocen "los derechos" a la "salud reproductiva", "a la maternidad sin riesgos", "a evitar el embarazo no-deseado", que son sin más la autorización de abortar por medios químicos. Las provincias de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Chaco, Misiones y municipios como Berisso, Ensenada, General Sarmiento por sólo referirnos a algunos de la provincia de Buenos Aires, en Argentina son ejemplos bien contundentes.
Ejemplo es el proyecto paradigmático, presentado por el partido gobernante, fue el aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, en la madrugada del 1 al 2 de noviembre 1995. El Senado no trató el proyecto que perdió su estado parlamentario en 1997. El otro ejemplo, es el actual proyecto en estudio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, éste fue elaborado en base a proyectos de la Alianza, aunque cuenta con apoyo de muchos legisladores del PJ.
Forma parte del mencionado proyecto de ley nacional, un anexo del Ministerio de Salud y Acción Social, llamado "Propuesta Normativa Perinatal: Procreación Responsable". En este texto se aceptan explícitamente como procedimientos contraceptivos no sólo los anticonceptivos hormonales y los DIU's, que tiene efectos abortivos, sino también, los implantes y los inyectables -también abortivos-, y los procedimientos de "anticoncepción post-coital", eufemismo usado seguramente para tranquilizar conciencias. Porque no hace falta ciencia médica para saber lo que significa "anticoncepción post-coital o de emergencia", quiere decir aborto por medios químicos, que es el que provoca por el efecto de drogas o dispositivos intrauterinos (DIU's), la muerte y expulsión del embrión humano en las primeras etapas de su desarrollo, al impidir su implantación en el endometrio del útero.
En casi todos los textos analizados de otros proyectos, tanto municipales como provinciales y especialmente en el que está a estudio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se autorizan todos los métodos y productos anticonceptivos aceptados y los que en el futuro pueda aprobar el Ministerio de Salud, de ahí la importancia de la Propuesta Normativa.
Siguiendo las pautas de la Propuesta Normativa, el Ministerio de Salud y Acción Social, a fines de 1997, aprobó la fabricación y venta de un anticonceptivo post-coital o de emergencia en base a las drogas levonorgestrel y etinilestradiol. Este producto -al que no se debería llamar producto medicinal- consiste solamente en píldoras con dosis más elevadas de levonorgestrel y etinilestradiol que las dosis de esas mismas drogas que contienen las píldoras anticonceptivas "normales".
Es decir, por lo general, para provocar un aborto químico se puede acudir a un anticonceptivo "normal", aumentando el número de píldoras que se ingieren. El "anticonceptivo de emergencia", facilita la cuestión, pues evita la ingesta de muchas píldoras, basta con unas pocas para "evitar el embarazo no deseado, producto de un coito no protegido", como dicen las instrucciones para su consumo. (Vid. Programa Provincial de Salud Reproductiva del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de Mendoza, prescripciones posibles para anticoncepción de emergencia en base a marcas comunes de anticonceptivos [3]).
Por lo tanto, son abortivos los medios anticonceptivos usados, específicamente en la anticoncepción postcoital, y todos aquellos usados en la anticoncepción "normal" que alteran el endometrio uterino haciendo imposible la anidación del embrión.
Todos estos proyectos, leyes provinciales y ordenanzas municipales, explícita o implícitamente, facilitan y promueven el aborto químico, inducido por las drogas y elementos que contienen los anticonceptivos, (píldoras y DIU's).
La sentencia 296 del 26 de agosto pasado de la juez federal de Córdoba reconoce jurídicamente lo que médicamente se sabía. Los compuestos de levonorgestrel y etinilestradiol para la llamada "anticoncepción de emergencia" son verdaderos abortivos.
La misma IPPF, siempre interesada en esconder los efectos abortivos de los anticonceptivos, dice: "La implantación o ingesta de estas drogas para evitar el embarazo cuando el período menstrual de una mujer está atrasado, debe considerarse como un abortivo. Con tal finalidad se implantan DIU's, o se administra etinilestradiol, o esta droga combinada con levonorgestrel, o la droga antiprogesterona: mifepristona", con la que se fabrica la píldora abortiva, RU 486, [4].
La IPPF suma a los medios para la "anticoncepción de emergencia", la droga mifepristona. La mirepristona actúa produciendo el aborto no sólo antes de la implantación del embrión humano, sino también después de ella, constituyendo, como decía el Prof. Lejeune, un verdadero pesticida humano. Una acción similar tiene otra droga, el misoprostol [5].
Las trampas del lenguaje
Los defensores de llamar anticoncepción al aborto, argumentan que el embarazo comienza desde la implantación del óvulo fecundado en el endometrio del útero y no desde la fecundación. No existen razones científicas para afirmar tal cosa, ya que la implantación es un paso en el desarrollo de la vida humana que comienza en la fecundación. La implantación no constituye ningún cambio sustancial. Sin embargo, arbitrariamente y por razones ideológicas o mercantiles y no científicas, el American College Obstetrics and Gynecology (ACOG), de 1965, decidió que la "concepción -en el sentido de comienzo del embarazo- comienza con la implantación del óvulo fecundado"[6]. En ese año, después de bastante tiempo dedicado a experimentos abusivos en humanos, se trataba de imponer "la píldora" en el mercado.
"Plantear esta diferenciación entre fecundación e implantación resulta éticamente improcedente ya que no habrá embarazo si antes no hay una persona humana y sólo una vez concebida ésta será posible aquél. Por tanto, para que exista un embarazo es necesaria la concepción de un ser humano y, por otra parte, es bien sabido que el embrión recién concebido -y antes de su implantación- produce señales biológicas en el nivel molecular que facilitan su reconocimiento y preparan su implantación, manteniendo una evidente "comunicación" con su madre prácticamente desde el momento mismo de la concepción. De este modo, entonces, el embarazo comienza antes de la implantación, sin duda en la concepción, no siendo válida la aplicación del concepto de "inicio del embarazo"[7].
Sin duda para facilitar el aborto, la ideología se impone a los datos científicos, un ejemplo de esta manipulación se ve claramente en el caso de México. En ese país el Estado, a instancias de la Organización Mundial de la Salud; la Organización Panamericana de la Salud; el Fondo de Población de Naciones Unidas; Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Family Health International; Pathfinder México; la Association for Voluntary Surgical Contraception y la Fundación Ford Foundation y el Population Council, cambió en agosto de este año la definición tradicional de embarazo por otra: "aquella parte del proceso de la reproducción humana que se inicia con la implantación del conceptus en una mujer y termina con el nacimiento de un producto o con un aborto" (vid. Actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA2-1993 de los Servicios de Planificación Familiar, 24-8-99).
Atentados contra la mujer y el niño
Frente a la certeza que detrás del concepto de salud reproductiva se mal encubre el aborto, lo demás es secundario. Pero podemos añadir que debido a la cantidad enorme de contraindicaciones médicas y consecuencias perjudiciales para la salud de la mujer de los DIU y los contraceptivos hormonales (píldoras), que figuran en cualquier vademecum médico, de los textos de referencia no se deduce una preocupación verdadera por la salud de la mujer. Sólo se pretende evitar nacimientos a toda costa.
Además, la distribución masiva de anticonceptivos no soluciona la mortalidad infantil, como pretende los textos, a no ser que la "solución" sea que no nazcan niños, lo que trae reminiscencias nazis de "solución final".
Tampoco como dicen, acceder fácilmente a los anticonceptivos previene las enfermedades de transmisión sexual, sino que es camino para su aumento. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen en el mundo 25 millones de nuevos casos de gonorrea, 50 millones de nuevos casos de clamidia, 20 millones de nuevos casos de herpes genital, [8], y nunca como ahora, por ejemplo, se han regalado y distribuido tantos preservativos. Por otro lado, la misma IPPF reconoció que, a pesar de las intensísimas y costosísimas campañas para inculcar en los adolescentes el mal llamado "sexo seguro" en los países de Europa, el 60% de las relaciones sexuales entre los jóvenes se dan "sin protección". [9]. Sin ir más lejos, a principios de 1999, el director ejecutivo de ONUSIDA, Peter Piot, declaró que la pandemia del SIDA estaba descontrolada.
Contracepción y aborto
Juan Pablo II dice que la contracepción y el aborto provocado tienen una raíz común, "son fruto de una misma planta", (Enc. Evangelium Vitae, n. 13), y la historia nos enseña que los movimientos antinatalistas piden siempre: anticoncepción y después, aborto legal.
Comparando los textos se ve con claridad que las leyes, las ordenanzas y los proyectos de ley de salud reproductiva son copia de los proyectos modelo provistos por las ONG's tales como International Planned Parethood Federation (IPPF). (En Argentina, la filial de la IPPF es la Asociación Argentina de Protección Familiar). Ese prototipo de leyes, en otros países ha llevado a la despenalización del aborto quirúrgico.
En todos estos textos, el Estado juzga cuando la procreación es responsable o no. En todos, se prohíbe a los médicos y el personal sanitario ejercer el derecho humano a la objeción de conciencia, siguiendo la abusiva resolución de la Conferencia de la Mujer de Beijing, (nuestro país no hizo reserva sobre ese tema). En todos, se niega el derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos. Y en todos,