La raíz de la crisis en Venezuela está en la imposición de un sistema totalitario, expresó la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) al término de su Asamblea Plenaria, en un mensaje en el que advirtió que la democracia en el país "está resquebrajada" y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año".
En una extensa exhortación con fecha 12 de julio, los obispos afirmaron que el referéndum revocatorio es "un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución"; asimismo, reiteraron su ofrecimiento para "facilitar" un diálogo a fin de solucionar la crisis.
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El 2 de mayo la Mesa por la Unidad Democrática (MUD) presentó ante el CNE un millón y medio de firmas que respaldan la iniciativa para, mediante un referéndum, revocar al Presidente Nicolás Maduro. Este número superó ampliamente las cerca de 200.000 rúbricas exigidas por la ley.
Sin embargo, debido a que las autoridades electorales retrasaban el proceso para validar las firmas, la oposición organizó manifestaciones callejeras que, aunque fueron reprimidas por el gobierno, obligó al CNE a iniciar el proceso que debería culminar el 26 de julio aproximadamente.
Aprobadas las firmas, la MUD deberá recoger en unos días cerca de 4 millones de rúbricas (20% del padrón electoral) para que recién el CNE fije la fecha del referéndum. Para revocar al Presidente se necesita obtener más de 7 millones 587 mil votos, que es la cantidad con la que Maduro fue elegido en abril de 2013 que fue el 50,61% de los sufragios.
Sin embargo, para revocar a un gobierno, el referéndum debe realizarse antes de que este cumpla la mitad de su periodo de 6 años. Es decir que si la consulta popular tiene lugar en 2017, Maduro solo sería reemplazado por su vicepresidente Aristóbulo Istúriz.
En ese sentido, dirigentes de la oposición han denunciado que el CNE –manejado por el gobierno–, pone obstáculos para evitar el referéndum este año. Además, el martes 12 de julio Nicolás Maduro afirmó que el revocatorio "no va" y acusó a la oposición de fraude.
Ante esto, los obispos, que advirtieron que en Venezuela la democracia "está resquebrajada", señalaron que impedir o retrasar este referéndum "con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes".
Crisis social y política
En su exhortación, la CEV denunció que el país está sumido en una profunda crisis moral, política, económica y social que "ha disminuido drásticamente la calidad de vida", con escasez de alimentos y medicinas que ha ocasionado episodios de violencia, saqueos y desórdenes en Cumaná, Tucupita y otras regiones.
Además está el encarcelamiento de opositores "por razones políticas", muchos de ellos encerrados sin el debido proceso y en "condiciones inhumanas".
Los prelados indicaron que en Venezuela el aumento de la delincuencia y la impunidad ha creado "verdaderos toques de queda" en varias poblaciones y la inseguridad afecta a cualquier persona, como los seminaristas menores de edad que en Mérida "fueron golpeados y desnudados, violando sus derechos a la dignidad y al respeto, sin que ninguna autoridad pública interviniera para protegerlos".
"Es tal la indefensión de los ciudadanos ante la delincuencia que se están multiplicando los casos de pobladas enardecidas que toman la justicia por sus propias manos y proceden a inmorales y deplorables ejecuciones colectivas ('linchamientos')", alertó la CEV, al tiempo que recordó que "la violencia, en ninguna de sus formas, es solución a los problemas".
En ese sentido, criticaron "el discurso belicista y agresivo" del gobierno de Nicolás Maduro que "hace cada día más difícil la vida".
"La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz", advirtió la CEV.
Asimismo, los obispos exhortaron al gobierno a respetar "la autoridad legítima de la Asamblea Nacional", liderada por la oposición. "La división, autonomía y colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable", recordaron.
Los prelados también denunciaron la corrupción en los organismos del Estado y la tendencia de las autoridades de querer ser "los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos", queriendo vincularlos "al proyecto político imperante" que se inició con Hugo Chávez en 1999.
Sin embargo, advirtieron que la descomposición moral también ha invadido "a muchas personas integrantes de instituciones privadas y públicas, civiles y militares" que se aprovechan de la crisis en beneficio propio.
Diálogo nacional y respuesta a crisis humanitaria
Ante este panorama, los obispos recordaron al gobierno y a los otros poderes su deber de reconstruir la democracia con un diálogo sincero y constructivo que busque el bien común. "No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto".
Asimismo, reiteraron su llamado al gobierno de permitir la entrada de medicamentos al país y ofrecieron "los servicios e infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales". "Este servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa".
Además pidieron abrir de manera permanente la frontera con Colombia, pues el paso de 35.000 venezolanos el 10 de julio para comprar alimentos en este país "es prueba evidente de la crisis".
Finalmente, tras solicitar al gobierno reconocer el derecho de las personas a acudir a organismos internacionales, los obispos invitaron a los venezolanos a unirse el 2 de agosto a la Jornada de ayuno y oración convocada por el Papa Francisco en Asís, como una ocasión especial de pedir por la paz y la reconciliación entre los venezolanos.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 5 de julio de 2016