El 23 de noviembre la Prelatura de Illapel (centro de Chile) informó sobre el inicio de la investigación previa contra el P. Luciano de La Barrera Aranciaba, acusado de abuso sexual de menores.
Los antecedentes fueron presentados por la prelatura ante el Ministerio Público el 20 de noviembre, un día después de recibir la denuncia.
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Conforme a lo establecido en el Código de Derecho Canónico el P. de La Barrera queda con prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal como medida cautelar.
A través de un comunicado la Prelatura de Illapel expresó su "disposición para colaborar en todas las instancias de investigación de esta denuncia y hace suya la firme actitud con que la Iglesia Católica rechaza todo daño a niños, niñas y jóvenes".
"Depositamos nuestra confianza en las manos del Señor, para que nos permita alcanzar la verdad y la justicia y así avanzar en la reparación del daño causado. Solicitamos al pueblo de Dios sus oraciones, especialmente, por los más vulnerables", sostuvieron.
Verosimilitud de caso en Aysén
En tanto, el Vicariato Apostólico de Aysén (sur de Chile) confirmó la verosimilitud del abuso sexual contra una menor por parte del sacerdote Porfirio Díaz Reyes.
Tras el término de la investigación previa por parte de la comisión canónica se concluyó que "existen elementos que permiten acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados" por lo que la causa "será remitida a la Congregación para la Doctrina de la Fe", expresó a través de un comunicado el 22 de noviembre.
El P. Porfirio Díaz permanecerá con las medidas cautelares que le fueron aplicadas en junio de este año, "por las que está suspendido de los oficios eclesiásticos y privado del ejercicio público del ministerio".
El Vicariato Apostólico de Aysén manifestó su "gran pesar por este hecho y seguirá comprometido con la búsqueda de la verdad, la acogida a los afectados y el compromiso con la vida y defensa de la dignidad humana".
