La Corte Suprema falló a favor de la congregación religiosa de las Hermanitas de los Pobres en su larga batalla judicial contra el mandato abortista o anticonceptivo establecido por la administración Obama, que las obligaba a proporcionar planes de salud con este tipo de cobertura, incluyendo la esterilización.
"Por más de 150 años, las Hermanitas se han comprometido en un fiel servicio y sacrificio motivado por el llamado religioso a dedicarse al bien de sus hermanos", escribió el juez Clarence Thomas, en la opinión de la mayoría que definió el fallo de la Corte Suprema por 7 votos a 2.
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"Pero en los últimos siete años, ellas –como muchos otros objetores religiosos que han participado en el litigio y en la disputa legal que han llevado a la decisión de hoy– han tenido que luchar por la posibilidad de continuar su noble trabajo sin violar sus firmes convicciones religiosas", agregó.
El caso de las Hermanitas de los Pobres, conocido legalmente como "Little Sisters of the Poor v. Commonwealth of Pennsylvania", se deriva de una demanda del estado de Pensilvania para poner fin a la exención de la orden religiosa al llamado mandato anticonceptivo del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
En 2017, la Administración Trump emitió una ley que eximía a las Hermanitas y otras organizaciones religiosas de cumplir con el mandato, pero los fiscales generales de Pensilvania y California impugnaron la exención en los tribunales.
Las Hermanitas de los Pobres perdieron su caso contra Pennsylvania en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en julio de 2019, y perdieron su caso contra California en el Tribunal del Noveno Circuito en octubre. Por lo que apelaron a la Corte Suprema, que acordó escuchar su caso en enero de este año.
Las Hermanitas de los Pobres han pasado años en juicios relacionados con el mandato anticonceptivo de la administración Obama, que ordenó la cobertura preventiva en la atención médica, la cual incluye la cobertura para anticonceptivos y esterilizaciones.
El caso de las Hermanitas ya había sido escuchado por la Corte Suprema en 2016, cuando los jueces enviaron el caso nuevamente a los tribunales inferiores, instruyendo a las entidades religiosas y al gobierno a llegar a un acuerdo por el cual se pudieran alcanzar los deseos de ambas partes.
El Gobierno de Trump emitió la exención siguiendo esa instrucción, lo que resultó en las demandas de Pensilvania y otros estados.
Sobre la decisión de hoy de la Corte Suprema, el jefe del Comité de Libertad Religiosa del episcopado estadounidense, Mons. Thomas Wenski; y el jefe del Comité de Actividades provida, Mons. Joseph F. Naumann, emitieron una declaración.
"Esta es una saga que no hacía falta que ocurriera. En primer lugar, la anticoncepción no es cuidado de la salud y el gobierno nunca debió haber ordenado que los empleadores la proporcionaran", dijeron los arzobispos.
"Sin embargo, luego de eso hubo múltiples ocasiones para que las autoridades del gobierno hicieran lo correcto y exceptuaran a los objetores de conciencia. Una vez tras otra, las personas a cargo y los abogados rechazaron respetar los derechos de las Hermanitas de los Pobres y la fe católica que encarnan, para operar de acuerdo a la verdad sobre la sexualidad y la persona humana", explicaron.
"Las Hermanitas de los Pobres son una congregación internacional que está comprometida a construir una cultura de vida. Se preocupan por los ancianos pobres. Defienden la dignidad humana y siguen las enseñanzas de Jesucristo y su Iglesia. El gobierno no tiene derecho a forzar a una congregación religiosa a cooperar con el mal", destacaron los prelados.
"Saludamos la decisión de la Corte Suprema y esperamos que con esto concluya este episodio de discriminación por parte del gobierno contra la gente de fe. Sin embargo, considerando los esfuerzos que hemos visto para forzar el cumplimiento con este mandato, tenemos que seguir vigilantes por la libertad religiosa", concluyeron.
