Organizaciones de la sociedad civil en Argentina enviaron una carta al Congreso de la Nación solicitando un nuevo llamado a concurso público para el cargo de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, luego que el 4 de noviembre venció el plazo para confirmar a Marisa Graham, una abogada conocida por su postura a favor del aborto.
Graham había sido propuesta por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el pasado 25 de abril. Junto a ella fueron electos Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.
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La decisión fue aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de junio, a pesar de la objeción presentada por organizaciones provida.
Graham "no garantiza la tutela de la totalidad de los derechos humanos de todos los niños reconocidos como tales por la Constitución nacional al haber militado la legalización del aborto", recordó Unidad Provida en un comunicado.
El reglamento de la Comisión Bicameral Permanente indica que la elección debe ratificarse por la Cámara de Senadores en un plazo no mayor a 180 días, pero "en atención a la falta de consenso social y político, el Senado dilató el tratamiento del pliego reconociendo que hay un conflicto de intereses manifiesto", aseguró Unidad Provida.
Por tanto, ya que venció el plazo estipulado "corresponde, por tanto, reiniciar el procedimiento el año próximo ya habiendo asumido los diputados y senadores electos".
Asimismo, las organizaciones de derechos humanos que objetaron a Graham advirtieron que "se mantienen en estado de alerta permanente para que las parlamentarias no busquen extralimitarse en sus funciones ni extiendan un plazo ya vencido".
En conversación con ACI Prensa, el director de Votá dos Vidas, Santiago Santurio, recordó que la postulación no se hizo de "manera imparcial" y, vencido el plazo, ya se cayó la candidatura.
"Hemos pedido que se llame a un nuevo concurso" ya que la "Comisión Bicameral no debería caer en el incumplimiento que ellos mismos elaboraron", agregó.
La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes monitorea las políticas públicas sobre infancia y vela que el Estado garantice el cumplimiento de los derechos de los menores.
El cargo está vacante desde que se creó en 2005 con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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