Mons. Rolando Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, rechazó salir de Nicaragua junto con los 222 presos políticos que fueron deportados por la dictadura de Daniel Ortega este jueves 9 de febrero.
La dictadura de Daniel Ortega deportó a 222 presos políticos, entre ellos varios sacerdotes y seminaristas, que llegaron a Washington D.C., capital de Estados Unidos, tras una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
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La sentencia señala que se deporta a "los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la Sociedad nicaragüense, perjudicando el interés Supremo de la nación".
Asimismo precisa que la deportación se ha realizado "para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros".
En su intervención de ayer, acompañado de su esposa Rosario Murillo y de otros funcionarios del gobierno, Ortega explicó lo sucedido con Mons. Rolando Álvarez, a quien llamó "el personaje".
"Este no es un trueque", dijo el dictador. "Es un asunto de principios, de dignidad. Y lo que hace es confirmar que (los presos políticos) están retornando a un país que, su gobernante, no el pueblo norteamericano, los ha utilizado para sembrar el terror, la muerte, la destrucción aquí en Nicaragua".
Ortega explicó que Mons. Álvarez fue llevado al aeropuerto y, antes de llegar al avión, "empieza a decir que él no se va, que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos y exige una reunión con los obispos. Una cosa absurda".
Después señaló que lo que hay de por medio, con la sentencia del Tribunal de Apelaciones, es una "decisión del Estado nicaragüense que él (Mons. Álvarez) no acata".
Según Ortega, el Obispo de Matagalpa pidió que llamen a "todos los sacerdotes, porque él tendría que hablar con ellos. Que se bajen del avión para que hablen con él. Y que lleguen los obispos también para hablar con él".
Ante la negativa del Prelado de subir al avión, Ortega precisó que no podían obligarlo.
"No podíamos, porque eso sí no lo permitían. En el acuerdo no permitían las autoridades norteamericanas montar la fuerza al que no quisiera irse a los Estados Unidos. No podían montar a la fuerza", indicó el dictador.
Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa desde abril de 2011, fue secuestrado por la dictadura de Ortega en agosto de 2022 y retenido poco después en arresto domiciliario en Managua.
El juicio contra el Prelado está programado para el 15 de febrero. Martha Patricia Molina, investigadora y abogada nicaragüense, dijo a EWTN Noticias que la condena contra el obispo podría ser de 15 años de cárcel.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicó una lista de 38 presos que no hicieron parte de los deportados el jueves.
En este grupo están los sacerdotes Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, párroco de la iglesia Jesús Nazareno de la Diócesis de Granada, condenado a dos años de cárcel por el delito de amenaza con arma contra cinco personas; y Mons. José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, de la misma diócesis, condenado a 30 años de cárcel por el supuesto abuso de una menor de 14 años.
Los deportados
En el grupo de deportados están los sacerdotes Oscar Benavidez Dávila (50), párroco de la parroquia Espíritu Santo en Molokukú; Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez (50), rector de la Universidad Juan Pablo II; Sadiel Antonio Eugarrios Cano (35), exvicario de la Catedral de Matagalpa; y José Luis Díaz Cruz (33), actual vicario de la Catedral de Matagalpa.
A ellos se suman el diácono Raúl Antonio Vega González (27); los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza (19) y Melkin Antonio Centeno Sequeira (23); y el fotógrafo Sergio José Cárdenas Flores (32).
Poco antes de la deportación, este grupo de personas fue condenado a 10 años de cárcel por conspiración y propagación de noticias falsas.
Según el diario nicaragüense La Prensa, al menos 40 presos políticos estaban en la cárcel de torturas El Chipote y son opositores "de alto perfil", entre ellos los universitarios que destacaron en las protestas de 2018.
El gobierno de Estados Unidos les ha concedido a los deportados un permiso humanitario para vivir y trabajar en el país.
El Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo a la agencia AFP que su gobierno ofrecerá la nacionalidad española a los deportados.