A través de redes sociales se denunció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) de Perú gastó cerca de 190 mil soles (más 53 mil dólares) en una encuesta del sector privado que favorecería al lobby LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).
Giuliana Caccia, Directora de la Asociación Origen, denunció a través de sus redes sociales lo que considera un excesivo gasto, sobre todo cuando ya existe una entidad estatal dedicada a realizar encuestas a nivel nacional.
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En entrevista con ACI Prensa, Caccia dijo "que el Estado, en una sola encuesta, ha gastado 187.900 soles con la empresa IPSOS para una encuesta sobre derechos humanos", cuando "este tipo de estudio podría hacerlo perfectamente con los recursos que ya tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)".
"Si estamos hablando de población, es esta entidad estatal la que debería asumir este estudio, así como ya lo hizo en la encuesta de 2017 que fue publicada en 2018 y que arrojó datos sobre esta población", agregó.
La encuesta publicada este año se titula "II Encuesta Nacional de Derechos Humanos" y fue realizada del 7 al 25 de noviembre del 2019 con 3312 personas. Dicho estudio señala que la población que se autopercibe como "LGBTI" en Perú son 1 millón 700 mil personas. El gasto de cerca de 190 mil soles para su realización puede verse en el portal de Transparencia Económica del Minjus.
¿Sabían que el @MinjusDH_Peru le pagó a @ipsosperu la suma de 187,900 soles por hacer la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos que en realidad es sobre la comunidad LGTBI? Pero vayamos por partes, porque tengo muchas preguntas (Hilo) pic.twitter.com/q7AE9O3md7
- Giuliana Caccia (@giulianacaccia) July 3, 2020
Otra encuesta publicada en el 2018 por el INEI indicaba que dicha población era de 12.026 personas, aunque se aclaró que las respuestas fueron dadas de manera voluntaria y no representaba al total.
Si bien son dos encuestas distintas cabe preguntarse "por qué pagarle luego a una empresa privada más de 180 mil soles, cuando se podría rehacer la encuesta sin destinar el dinero público a una empresa privada que puede tener, eso habría que analizar, ciertos sesgos y no hacer un análisis riguroso de la realidad", alertó Caccia.
La autora peruana y Master en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, resaltó que los resultados, tanto de la encuesta voluntaria publicada en 2018 y la de IPSOS de 2020, "fueron publicadas el día del orgullo gay" (28 de junio) y, por lo tanto, "el uso que se está dando a las encuestas sí tiene un uso propagandístico".
"Es propagandístico porque si ambas encuestas están hechas un año o varios meses antes, por qué se publican los resultados ese día, y no cuando es lanzada la encuesta. Ese dato de cuándo se dan a conocer los resultados sí es propaganda y nadie lo puede negar", aseguró.
Caccia explica que si lo que se busca en el Estado es "decir que existe una población vulnerable, entonces hay que darle la tarea al órgano estatal encargado; porque si es para usarlo en políticas públicas, qué mejor que el INEI para hacerlo".
"Yo sí cuestiono que se use una empresa privada, pagada, porque de alguna manera se puede sospechar que no sea totalmente objetiva", aseguró Caccia.
La directora de Asociación Origen también destacó otro motivo por el que la encuesta debería realizarla el INEI: "De repente la población denominada LGBT son más al número publicado por IPSOS, de repente tienen mayores necesidades o efectivamente son una población vulnerable, pero este tipo de encuestas no responden o no leen la realidad rigurosamente".
"Si el objetivo es atender a una población supuestamente vulnerable lo primero que hay que hacer es una lectura rigurosa y lo más certera de su realidad. Por eso digo que se usa con fines políticos, porque si en verdad se buscara ayudar a una población determinada, habría que hacer un estudio más riguroso, técnico, y que el Estado a través de sus organismos rectores tomen cartas en el asunto", añadió.
El doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), Percy García Cavero, comentó sobre la encuesta que el hecho de que "haya más LGBT no es el problema", sino el hecho que la encuesta la asuma "IPSOS cuando hay una institución pública técnica para hacer ese trabajo".
"Y, más criticable, que se haya podido inflar el número con un ánimo político", advirtió.
