El Papa Francisco firmó los nuevos estatutos para la oficina del Auditor General del Vaticano que establece que será la autoridad anticorrupción, según informó este 9 de febrero la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Los nuevos estatutos, divididos en doce artículos, fueron firmados por el Papa Francisco el 21 de enero y entrarán en vigor el próximo 16 de febrero.
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La oficina del Auditor General tiene la tarea de revisar contablemente el balance consolidado de la Santa Sede y el de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano de acuerdo a lo establecido en la Convención de Mérida (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General en 2003) y en vigor para la Santa Sede desde el 19 de octubre de 2016.
El Director Editorial de los medios de comunicación vaticanos, Andrea Tornielli, explicó que con la firma de estos nuevos estatutos se fortalecen las funciones del Auditor, cargo que actualmente desempeña 'ad interim' Alessandro Cassinis Righini tras la renuncia de Libero Miloni en junio de 2017.
Según señaló Tornielli, en el anterior estatuto de 2015, se leía que el Auditor "podría solicitar a las entidades cualquier información y documentación de carácter financiero o administrativo significativo" mientras que el nuevo estatuto dice que el Auditor general tiene la facultad de acceder sin impedimentos a la información y documentos de carácter económico o administrativo necesarios para la auditoría.
Tras las verificaciones, el Auditor está obligado a informar al Consejo de Economía, a la Autoridad de Información Financiera (AIF) y a la Autoridad Judicial competente del Estado de la Ciudad del Vaticano de cualquier delito identificado durante la auditoría.
En los nuevos estatutos también se estructura la relación con el Consejo de Economía en el cual el Auditor debe actualizar cada tres meses sobre las actividades realizadas.
Además, el Consejo para la Economía puede llamar también a auditores externos, que deben respetar los principios de revisión contable del Auditor General.
Este reglamento era previsible después de que en junio de 2016 la Secretaría para la Economía había realizado un acuerdo de auditoría externa con Pricewaterhouse Coopers (PWC), con el fin de no tener las reformas financieras, y para tener una mayor estructura de control económica del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Traducido y adaptado por Mercedes De La Torre. Publicado originalmente en ACI Stampa