Por Giselle Vargas
Distintas agrupaciones de padres y apoderados en Chile llamaron a la ciudadanía a movilizarse en redes sociales y a contactar a los parlamentarios de su distrito para que aprueben el veto presidencial al proyecto de ley "Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez".
El proyecto de ley fue despachado el 22 de junio por el Congreso de la Nación y estaba a la espera de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo promulgara para que sea ley o bien lo vetara total o parcialmente.
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En paralelo, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 31 y 41 del proyecto que trataban sobre la "autonomía progresiva", la "libertad de asociación y reunión" y la "educación de los menores". Esta iniciativa fue presentada el 29 de junio por un grupo de diputados y senadores asesorados por la ONG Comunidad y Justicia.
El 22 de julio, Piñera dio un veto parcial al proyecto, es decir, presentó una serie de observaciones a los artículos 5, 34, 38, 49, 50, 72 y 88, relacionados con el derecho de los padres o tutores al resguardo de la intimidad e imagen de los menores y de los procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías de la niñez.
Debido al veto parcial, el proyecto Sistema de Garantías de la Niñez regresó al Congreso para su revisión y votación.
Sin embargo, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados rechazó el 26 de julio por 7 votos contra 6 el veto presentado por Piñera.
La ONG Comunidad y Justicia criticó en su cuenta de Twitter que se le haya declarado inadmisible "sin siquiera discutir nada respecto al fondo del veto. Lo lamentamos fuertemente y esperamos que la Sala rectifique esto".
Se espera que la sala de Diputados vote el jueves 29. El mismo proceso legislativo deberá replicarse en el Senado.
En ese escenario, la vocera de Con mis hijos no te metas, Ingrid Bohn, llamó a usar las redes sociales los días 27, 28 y 29 de julio con el hashtag #DiputadoApoyeVeto para alentar la aprobación del veto.
De esa manera, esperan que los diputados "acojan las indicaciones del veto" ya que "el proyecto de ley no es tan bueno como se decía, por algo el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento". "Es necesario dar una vuelta a esto y recapacitar", expresó Bohn a ACI Prensa.
En estos días queremos movilizar las redes sociales, enviar cartas y conversar con nuestros diputados, porque "los padres tenemos el derecho preferente al resguardo y protección de los hijos" y además, porque "cada uno de los parlamentarios están, porque nosotros les dimos un voto de confianza".
"Si bien no estamos de acuerdo al cien por ciento con el veto parcial", esto ayuda a evitar, por ejemplo, la "judicialización" de conflictos que se generan al interior de las familias y que los "padres resolvemos sin violencia, con una conversación, con amor y afecto".
En ese sentido, el veto presidencial ayuda a resolver los conflictos padre-hijo "cuando sea estrictamente necesario", porque se sabe que hay padres "que vulneran y que no hacen su trabajo", pero "en su gran mayoría los padres amamos y protegemos a nuestros hijos", enfatizó Bohn.
En esa misma línea, la abogada Daniela Constantino de Comunidad y Justicia, expresó en una entrevista con ACI Prensa que "el contenido del veto en sí mismo no es malo", pero es "muy débil".
"No se veló realmente por la protección de la familia, por el real interés superior de los niños y por el derecho de los padres de educar a sus hijos, como se prometió. En fin, 'no se puso a los niños primero'", añadió
De igual forma, la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, dijo a ACI Prensa que este "es un proyecto reduccionista que garantiza y protege un sistema de derechos en vez de proteger a los niños, eso es muy distinto".
"Este proyecto es un 'caballo de troya'" ya que "Estado toma el rol de garante de la formación física, mental, social cultural, moral y espiritual de nuestros hijos", siendo que los "guardadores naturales y garantes de los niños somos los padres".
Aranda agregó que el proyecto "sistema de garantías" como dice su nombre afectará y modificará "otros cuerpos legales".
Con el proyecto de ley "el Estado dice que los padres tendrán el derecho preferente de educar a sus hijos siempre y cuando se ajusten a los principios y garantías que establece esta ley, que son derechos evolutivos, derechos subjetivos, que muchas veces entran en colisión unos con otros".
"Esta es una imposición ideológica, una estrategia de reingeniería social, que busca llegar a los adultos y a la sociedad a través de la infancia, ya que la infancia es transversal a todas las áreas del quehacer del Estado".
"Es la estatización de la infancia por vía legal para alcanzar la mente, el corazón y el espíritu de los niños", concluyó Aranda.
Periodista, licenciada en Comunicación Social, Universidad del Desarrollo. Se ha especializado en comunicación eclesial. Se ha desempeñado como periodista en vicarías y proyectos del Arzobispado de Santiago y la Conferencia Episcopal de Chile. Respondiendo al llamado del Señor… en todo ‘Soli Deo Gloria’.
