Tres organizaciones del ámbito LGTB se han reunido con el PSOE, principal partido de la coalición de Gobierno en España, con la intención de que la aprobación de la Ley Trans se haga efectiva antes de que concluya la legislatura a finales del próximo año. 

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELTBI+), la Fundación Triángulo y la asociación Chrysallis, formada por familias de menores que se declaran trans han presionado al PSOE, ante la división en las filas socialistas sobre esta norma. 

Las organizaciones LGTB temen que el debate entre las feministas, dentro y fuera del PSOE, entre las que se niegan a que cualquier varón pueda definirse como mujer por propia voluntad y los partidarios de que sea posible. 

También hay miembros de Podemos, el otro partido de la coalición de Gobierno, de corte comunista, que rechazan la Ley Trans.

Además, recuerdan que alcanzaron un pacto con el Gobierno sobre esta norma "por lo que no cabe la posibilidad de que se dilate o se alargue su tramitación", como han pedido organizaciones en defensa de la familia como HazteOir.org a través de una campaña.

Cambio de sexo en el Registro Civil

El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, conocida como ley trans, impulsado por el Ministerio de Igualdad. 

Esta ley, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, prevé que una persona pueda cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil tan solo presentando una declaración, sin aportar informes médicos, haber iniciado procesos de hormonación cruzada, ni necesitar autorización judicial. 

En el caso de los menores, se prevé que sea preceptiva la intervención de un juez desde los 12 años y el permiso paterno entre los 14 y los 16. Los mayores de 16 años y hasta los 18, quedan asimilados a los mayores de edad, por lo que podrían hacer el cambio a petición.

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuestionó esta ley en varios aspectos. Sobre la cuestión registral, emitió un informe que reclama que se eleve al menos a los 18 años el límite para reclamar el cambio de sexo registral a petición. 

Así, se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento que implica la aprobación por parte de un juez que determine al menos un nivel de madurez o la voluntad estable de proceder al cambio de sexo en el Registro.