Los obispos de la Conferencia Episcopal Española dieron a conocer una declaración sobre la "grave situación que se vive en Cataluña" en la que exhortan al diálogo y a evitar decisiones y actuaciones "irreversibles".
La declaración aparece cuando la tensión aumenta en vistas al referéndum separatista que Cataluña desea realizar el domingo 1 de octubre, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España; y que generó la detención de 14 autoridades catalanas y la incautación de varios millones de papeletas votar, lo que generó luego la protesta de miles de catalanes.
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En la declaración con fecha 27 de septiembre, los prelados españoles señalan primeramente que hacen propios los deseos y sentimientos de "los obispos con sede en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus diócesis", quienes alentaron a la no confrontación y a buscar el bien común el día 20.
El texto de la declaración, leído por el Presidente de la CEE, Cardenal Ricardo Blázquez, señala que "en estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la Doctrina Social de la Iglesia".
Para este dialogo, indican, "es necesario que, tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales".
Tras recordar la importancia del respeto a las instituciones expresado en la Constitución, los prelados ofrecieron su "colaboración sincera al dialogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos".
El contexto de la crisis
El origen de esta crisis se remonta a 2012, cuando el gobierno autonómico de Cataluña reclamó al Presidente del Gobierno español un acuerdo fiscal que les diera absoluto control de las finanzas en su territorio, algo a lo que se negó el Gobierno español, inmerso en una profunda crisis económica.
Tras la negativa, y presionado por fuerzas de izquierda radical, el entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, decidió emprender un proceso independentista que pretende alcanzar su culmen el 1 de octubre con el referéndum.
Para poder realizarlo, el parlamento regional de Cataluña aprobó a inicios de septiembre dos leyes transicionales que en la práctica derogan la Constitución Española en territorio catalán, algo para lo cual no tienen competencia, ya que los cambios constitucionales solo los puede hacer el Parlamento Español con mayoría cualificada (superior a la mayoría absoluta) y posteriormente ratificados en un referéndum en país. Ninguno de esos dos requisitos se ha dado.
Como consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucionales ambas leyes y prohibió el referéndum.
A pesar de ello, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemnot, en el poder gracias a una amalgama de partidos de extrema izquierda, declaró que no reconoce al Tribunal Constitucional y anunció la realización del referéndum.
Después de hacer pública su negativa a cumplir la ley, el Fiscal Superior de Cataluña ordenó a la Guardia Civil poner fin a los preparativos del referéndum y confiscar todos los materiales para llevarlo a cabo.
La Guardia Civil cumplió la orden judicial y, tras registrar diversas dependencias de la Generalitat, incautó diversos materiales destinados a la votación y detuvo a 14 autoridades acusadas de sedición por incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional.
Las fuerzas nacionalistas vinculadas al gobierno catalán, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium, respondieron movilizando a miles de simpatizantes independentistas.
En declaraciones el 20 de septiembre, el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, exigió al Presidente catalán que suspenda el referéndum, que vuelva a la ley y a la democracia y le recordó que no tiene ninguna legitimidad.
Además, el Gobierno español procedió a asumir el control de la policía autonómica de Cataluña y de las finanzas de la región.
Por su parte el Presidente de la Generalitat, rechazó estas acciones e insistió en que el 1 de octubre "saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos".
El martes 26 de septiembre Rajoy visitó en la Casa Blanca al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien compartió un almuerzo de trabajo.
En conferencia de prensa posterior, el mandatario estadounidense afirmó que "España es un gran país y debería permanecer unido".
Puede leer la declaración completa de los obispos españoles AQUÍ.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 24 de septiembre de 2017