La Asociación Enraizados ha presentado más de 12 mil firmas ante el Consejo General del Poder Judicial en protesta por la decisión del juez Fermín Otamendi por haber cerrado el juicio contra Abel Azcona que robó más de 240 hostias consagradas y las presentó en una "exposición" blasfema en noviembre de 2015.
Hoy hemos presentado más de 12.000 quejas ante el CGPJ contra la defensa de la profanación del Juez Otamendi https://t.co/AXA8VDdaRF pic.twitter.com/TVz2SqEd3F
- AsociaciónEnraizados (@AsocEnraizados) 7 de diciembre de 2016
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El juez consideró que lo hecho por Azcona no era constitutivo de delito contra los sentimientos religiosos, y dejó así libre, sin cargos ni sanciones por la acusación de delitos contra los sentimientos religiosos e incitación al odio.
Este miércoles 7 de diciembre, el presidente y la vicepresidenta de Enraizados, José Castro Velarde y María Isabel Moreno, han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, apoyada por 12.402 personas, en protesta por el auto del Juez Otamendi del Juzgado de Instrucción n° 2 de Pamplona.
Esta queja cuenta con el mayor apoyo jamás presentado ante el Consejo General del Poder Judicial.
En la queja presentada Castro Velarde subraya que con su decisión, el Juez Otamendi está defendiendo "el robo de lo más sagrado para un católico, una Forma consagrada, es decir, la presencia real y eucarística del mismo Dios, y su uso y profanación para obras blasfemas".
En el auto de sobreseimiento, el Juez Otamendi calificó las formas consagradas de "objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones". Según explica José Castro Velarde, presidente de Enraizados, "esta definición es como si definimos un cuadro como un trozo de tela y defendemos su robo porque solo era un trapo".
Con la presentación de esta queja ante el mayor órgano judicial de España la Asociación Enraizados pide "de la Administración de Justicia el respeto y defensa de la libertad religiosa que conlleva la sanción penal ante comportamientos de profanación y violentos y que hacen mofa de las creencias religiosas".
Asimismo, reclama en los autos y sentencias un uso del lenguaje respetuoso con las creencias religiosas.
El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados en España, está integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros nombrados por el Rey de España por un periodo de cinco años.
Su función es la de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 25 de noviembre de 2016