En total, 434 organizaciones de derechos humanos y referentes políticos y culturales de 16 países se unieron en un "Manifiesto Internacional Por el Derecho a la Vida", en repudio al "Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19" de Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, que incluye el "aborto seguro legal", y la declaración conjunta de 59 países que también promueve esta práctica en medio de la pandemia del coronavirus.
La entrega del manifiesto se realizó este 2 de junio en la cancillería de Ecuador, y un día antes en las cancillerías de Costa Rica, Argentina y Perú. Además, fue acompañado con 32.230 mil firmas recogidas en una campaña organizada por la plataforma CitizenGO.
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El manifiesto indica lo siguiente: "Repudiamos la Declaración Internacional Conjunta que proclama 'proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la sensibilidad de género en la crisis del COVID-19', rubricada el 6 de mayo de 2020, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina (Felipe Solá), Bolivia y funcionarios de Costa Rica, Perú, Ecuador, cuyos nombres no figuran en el documento hecho público por la diplomacia francesa".
El texto mencionado fue firmado por 39 ministros de Relaciones Exteriores en nombre del "pueblo y gobiernos de 59 naciones", y se titula "Joint statement on Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender-responsiveness in the COVID-19 crisis".
El manifiesto también rechaza el Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 presentado por el Sistema de Naciones Unidas al canciller ecuatoriano José Valencia "bajo la falsa denominación de 'ayuda humanitaria', que incluye una partida de 3 millones de dólares destinados a capacitar al personal de salud para la atención del denominado 'aborto seguro y legal,' violando la Constitución y leyes ecuatorianas".
El 30 de abril la cancillería ecuatoriana confirmó haber presentado a la ONU un presupuesto de 46.4 millones de dólares para implementar dicho plan. El asambleísta Héctor José Yépez Martínez exigió al canciller esclarecer la situación. Sin embargo, la respuesta demorada no especificó en qué se invertirán más de tres millones de dólares destinados a la "capacitación para asegurar el aborto seguro legal" en dicho país.
El Manifiesto Internacional Por el Derecho a la Vida precisa que en la actualidad "toda la sociedad colabora en el resguardo de la vida humana", pero "las declaraciones y pactos citados nos muestran la real desconexión entre, los que rubricaron con su firma asumiendo nuestra representación, y la problemática actual de nuestros países", los cuales están "inmersos en la mayor crisis sanitaria conocida por la humanidad".
"Estas acciones no solo desconocen la estructura jurídica que desde la Constitución, el Código Civil, el Código Penal y los tratados internacionales suscritos por nuestras naciones, se protege la vida y dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción/fecundación, sino que en 'Protocolo Humanitario' propuesto por ONU al Estado de Ecuador, se viola la propia carta magna que dio origen a la ONU", continúa el documento.
En ese sentido, el Manifiesto provida propone "un verdadero enfoque en políticas públicas basado en la dignidad humana, y poner límite efectivo a todo intento injerencista y atentatorio contra la soberanía de nuestros países, en particular provenientes de la ONU y sus principales agencias".
Entre las agencias se señaló al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Martha Villafuerte, representante de la organización Ecuador por la Familia, declaró que "la crisis sanitaria que atraviesa el mundo ha afectado a algunos países más que a otros, como es el caso de Ecuador, donde se registran más muertes per cápita en América Latina, sin embargo es inaceptable que se pretenda aprovechar para insertar por la ventana un crimen que la constitución rechaza".
"Toda ayuda debe venir sin condición ni chantaje. Actualmente se registran más de 17 millones de abortos en el mundo entero desde el 01 de enero de 2020 a la fecha, según computan los organismos oficiales, lo cual demuestra que el asesinato de bebés antes de nacer es una agenda que no descansa ni en las peores circunstancias humanitarias", lamentó la líder provida.
Por su parte, Marcela Errecalde, vocera de Latinoamérica Por Las 2 Vidas (Argentina) comentó que "una vez más el Bloque Continental Provida se hace presente, como lo hiciera en la reunión OEA 2019, para demostrar que la sociedad civil americana se sustenta en un tejido formado por valores que protegen los derechos fundamentales desde la concepción hasta la muerte natural".
"Infelizmente la declaración firmada por nuestro canciller –en flagrante violación de nuestra Constitución– se suma al intento injerencista de parte de tan altos organismos y deja de manifiesto que ni aún en la peor crisis humanitaria dejan de trabajar para imponer su agenda, sin miramientos ni respetos humanos", aseguró.
Luis Losada, director de Campañas de CitizenGO para América Latina, indicó que "es inaceptable que Naciones Unidas condicione la ayuda para la reconstrucción del Ecuador al aborto 'legal y seguro'".
"Es una injerencia ideológica de libro. Viola los estatutos de Naciones Unidas que se comprometen expresamente a no interferir en políticas o legislaciones nacionales respetando la soberanía de las naciones. Viola la Constitución del Ecuador que protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y viola el debate parlamentario que se produjo el año pasado a cuenta de la propuesta de despenalizar el aborto que afortunadamente no salió adelante", explicó.
Lozada cree que la propuesta humanitaria de la ONU es "un insulto no solo a la soberanía del Ecuador sino a la del resto de países de la región que observan la impunidad con la que esta injerencia es practicada".
"Por eso creemos que el gobierno del Ecuador debe de defender su soberanía, la dignidad nacional, la Constitución y el derecho a la vida rechazando esta propuesta ilegal e inmoral de Naciones Unidas", añadió.