La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) señaló en su nuevo informe sobre la libertad religiosa en el mundo, que en Nicaragua la situación de este "derecho fundamental" se ha deteriorado y que "la perspectiva para el futuro es sombría".
El Informe de Libertad Religiosa abarca el periodo 2018 y 2020 y señala que el 67% de la población mundial, alrededor de 5.200 millones de personas, viven en países donde hay graves violaciones de la libertad religiosa.
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En el documento, ACN indicó que el artículo 29 de la Constitución de Nicaragua afirma que "toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión", y por tanto "nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencia".
Según la Constitución, señaló, "todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza".
Sin embargo, ACN indicó que esta libertad no se cumple en Nicaragua, país que se encuentra en "una crisis política y económica" desde "abril de 2018 cuando las 'fuerzas de choque' progubernamentales aplastaron una pequeña manifestación contra las reformas del sistema de pensiones".
"Desde ese momento, cientos de personas han muerto asesinadas, miles han resultado heridas y más de 100 mil han huido; a medida que aumentaban las protestas que pedían reformas democráticas, el Gobierno ha incrementado los esfuerzos para sofocarlas", agregó.
La fundación pontificia señaló que en la profunda crisis política "bajo la presidencia de Daniel Ortega, un pastor y su familia han sido asesinados, se ha atacado, hostigado y perseguido a miembros del clero, y se han cancelado los visados de algunos sacerdotes extranjeros".
Daniel Ortega, exguerrillero y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tuvo un primer periodo como presidente entre 1985 y 1990. En el 2007 asumió la presidencia nuevamente y desde entonces se ha mantenido en el poder con elecciones cuya imparcialidad ha sido puesta en duda por la oposición.
Según indica el sitio web "Acontecer Cristiano", en junio de 2018, "una familia de cristianos evangélicos fueron quemados vivos dentro de su vivienda en Managua". Los vecinos indicaron que el atentado fue "provocado por policías y fuerzas 'parapoliciales'", señaló ACN.
"En este ambiente tan delicado, la Iglesia católica ha intentado, sin éxito, mediar entre el Gobierno y la oposición, y posteriormente se ha convertido en objetivo de ataques y represalias por dar refugio a manifestantes que pedían la libertad de los presos políticos", agregó ACN.
La fundación recordó que en noviembre de 2019 "un grupo de personas inició una huelga de hambre en una iglesia para exigir la liberación de presos políticos. Las autoridades rodearon la iglesia e impidieron que los huelguistas recibieran los servicios básicos como agua y medicinas".
ACN informó que se han denunciado una serie de "actos de vandalismo y profanaciones de iglesias en el país", como el incidente de julio de 2020, cuando "un individuo no identificado lanzó una bomba" que provocó el incendio de una de las capillas de la Catedral de Managua.
"En septiembre de 2020, el Gobierno empezó a cancelar visados de sacerdotes extranjeros, aun cuando algunos de ellos llevaban trabajando en el país varios años", señaló.
La fundación también se refirió a la poca respuesta del gobierno ante la pandemia de COVID-19, donde "los servicios públicos siguieron funcionando con normalidad, lo que permitió la expansión del virus".
"El vicepresidente animó a acudir a los servicios religiosos durante la Semana Santa; la Conferencia Episcopal, por el contrario, limitó las actividades y tomó medidas para evitar los contagios", agregó.
ACN indicó que "la Iglesia y las organizaciones internacionales han condenado el ambiente de miedo y violencia, denunciando que se están violando los derechos humanos, incluido el de libertad religiosa".
En ese sentido, afirmó que "la situación de este derecho fundamental se ha deteriorado claramente en Nicaragua y la perspectiva para el futuro es sombría".