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La Iglesia Católica en Bolivia insiste en la búsqueda de vías de diálogo ante el conflicto suscitado en Santa Cruz por la intención del Gobierno de postergar la realización del censo hasta 2024.
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El arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesarí, envió este jueves un comunicado en el que expresa "profunda preocupación por el aumento de la espiral de violencia que genera más violencia".
Al referirse al clima de conflicto ocasionado por la intención del gobierno de postergar la fecha del Censo de Población y Vivienda, afirmó que "es lamentable vivir una situación de dolor y de sufrimiento provocada por el desacuerdo existente" sobre lo que, consideró, "debería ser motivo de unidad, de alegría, de esperanza de días mejores para todos".
El prelado recordó que la misión de la Iglesia Católica es estar "al lado de nuestro pueblo", y haciendo uso de su compromiso social, realizó un llamado a las autoridades competentes "a dar solución a este problema, dejando de lado sus intereses personales, partidarios o sectoriales".
Asimismo, los llamó a demostrar "su capacidad de servicio cumpliendo su responsabilidad como autoridades que se deben a todo el pueblo".
Finalmente, extendió su llamado al pueblo cruceño "a no caer en las provocaciones violentas que están generando algunos" y a buscar la paz para Bolivia.
Por su parte, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), P. Diego Plá Aranda, se reunió con la prensa ante la situación de conflicto y tensión que se vive en Santa Cruz, donde se desarrolla un paro cívico indefinido, encabezado por el Comité Interinstitucional.
"La Iglesia Católica siempre estuvo dispuesta a ser facilitadora del diálogo", aseguró el P. Plá Aranda, aclarando que en ningún momento han manifestado un deseo de ser mediadores en el conflicto.
"Es importante saber distinguir entre la tarea de mediación y la de facilitación", aclaró el sacerdote.
Por eso, afirmó que "siempre estaremos dispuestos a orientar, ofrecer criterios, facilitar el diálogo, ayudar a llegar a acuerdos, pero no a mediar".
En esa línea, en nombre de la Conferencia Episcopal, reiteró el pedido a que las partes en conflicto sean capaces de sentarse y caminar juntos en la mesa de concertación, "con un espíritu abierto", y en búsqueda de "la paz, la verdad, y la justicia".
El secretario general adjunto de la CEB expresó su solidaridad con el arzobispo René Leigue por la situación que ocurre en su jurisdicción eclesiástica, y pidió "que el Espíritu Santo ilumine los corazones y las mentes y los llene de sabiduría y bondad de los que tienen en sus manos la misión del destino de nuestro pueblo boliviano".
Las declaraciones del P. Plá Aranda se suman al comunicado emitido este lunes por la CEB, la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia y la Defensoría del Pueblo, convocando a las partes involucradas en el conflicto "a deponer actitudes hostiles y apostar por la reconciliación", velando y protegiendo "el bien mayor que es la vida".
El documento, difundido en La Paz el 24 de octubre, expresa preocupación y exhorta a las partes "a retomar el diálogo de manera urgente y transparente, de cara al pueblo, donde se expresen las propuestas con respeto y sin afectar el derecho de los demás".
Finalmente, recuerda que el diálogo "es el único camino de la concertación y la democracia" y la señal de construcción de una cultura de paz y tolerancia.
El pasado 19 de noviembre, la CEB ya se había pronunciado pidiendo una apertura al diálogo sin condicionamientos y asegurando que "es deseo de toda la población la realización del censo".
Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce enfrenta una escalada de protestas en la provincia de Santa Cruz, la más próspera de Bolivia y un bastión opositor, paralizada por una huelga por tiempo indefinido en reclamo de un censo que redefinirá la distribución de las bancas en el Poder Legislativo.
El paro dejó a la ciudad sin transporte, con avenidas y calles bloqueadas por manifestantes; mercados, bancos y comercios cerrados, y produjo enfrentamientos entre grupos afines al gobierno, que buscaban rehabilitar el tránsito, y manifestantes a favor del paro.
La protesta de Santa Cruz amenazaba con extenderse a otras regiones del país como Beni, y Potosí y no era la única manifestación antigubernamental. Una masiva marcha de mineros auríferos que se oponen a un nuevo régimen impositivo paralizó el centro de La Paz el lunes. También marchaban los maestros por demandas sectoriales.
Los líderes de Santa Cruz reclaman que el censo se haga en 2023 para que los resultados tengan efecto en los comicios presidenciales de 2025.
Los intentos de diálogo no prosperaron el fin de semana. El fallecimiento de un manifestante y el apresamiento de tres líderes de la protesta, complicó una salida al conflicto.
La polarización en Bolivia viene desde 2019, cuando las elecciones presidenciales fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA), y el posterior estallido social con 37 muertes, que forzó la renuncia del presidente Evo Morales.
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