La Comisión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires (Argentina) manifestó su preocupación por "la situación de riesgo que atraviesan las personas y familias" en situación de calle debido al posible contagio de coronavirus COVID-19.
En una carta dirigida a la ministra de Desarrollo Social y Hábitat de Buenos Aires, María Migliore, la Comisión expuso el "efecto devastador que el contagio con el virus podría tener sobre su salud y sus vidas si no se adoptan con carácter urgente las medidas de protección necesarias para contener y mitigar esta situación".
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Si bien los argentinos deben cumplir un aislamiento obligatorio en sus casas y limitar sus salidas a la compra de productos básicos, hasta el 31 de marzo, la Comisión expresó su "profunda preocupación por la salud, la integridad física y la vida de las personas", en situación de calle.
En ese sentido, la Comisión instó a la autoridad "a adoptar medidas preventivas específicas y eficaces de protección a fin de minimizar el impacto que la propagación del virus pueda tener sobre su salud y su vida".
Parece "indubitable que en esta ciudad un número importante de personas y familias tienen vulnerado su derecho a una vivienda adecuada entre otros múltiples derechos fundamentales. A ellos se los llama, eufemísticamente 'personas en situación de calle'", manifestó la Comisión.
En ese sentido, expusieron la enorme diferencia del catastro de personas sintecho informado en abril de 2019 por las autoridades locales versus las de instituciones sociales. El primero registró más de 1.100 personas, mientras que las segundas presentaron 7.200.
"Sobre esta naturalizada y dolorosa realidad social impacta hoy -de modo decisivo y diferenciado- una pandemia que de no enfrentarse con la debida responsabilidad tendrá consecuencias devastadoras sobre este colectivo especialmente vulnerable".
En ese sentido, "muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales", como son "lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras, resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento para este grupo social", describió.
"Existe una responsabilidad de la sociedad civil, y de toda la comunidad cristiana en procurar mayor bienestar a esta población cuyos derechos ya están vulnerados; pero ello de ninguna forma puede relevar la esencial responsabilidad estatal en la protección del derecho a la salud de las personas que viven en calle", explicó.
Ante la pandemia declarada, "entendemos que resulta necesario la inmediata elaboración de protocolos de actuación preventiva para la asistencia de las personas que viven en calle que incluya un estrecho seguimiento y control de su salud, la provisión continua de productos de higiene y otros insumos de prevención, así como respuestas efectivas en caso de detectarse situaciones dudosas o personas que evidencien síntomas de contagio", sostuvo.
Asimismo, propusieron "medidas urgentes" en relación a "la incorporación de las personas y familias que viven en la calle a los programas de emergencia habitacional", la "flexibilización de los requisitos de ingreso a los distintos programas sociales", entre otras medidas.
En su mensaje también recordaron las palabras del Papa Francisco, que "pidió no ser indiferentes con los más débiles y desamparados" y el gesto del Vaticano de mantener "abierto los servicios de duchas y aseo y el reparto de comida a los hermanos sin techo".
La Comisión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos
Aires está compuestas por el P. Carlos Accaputo, Alicia Pierini, Silvina Pennella, Horacio Mosquera, José Leonfanti, María Fernanda Benítez y Gustavo Daniel Moreno.
