El último viernes la dictadura de Daniel Ortega dio un duro golpe a la Iglesia Católica en Nicaragua, ordenando el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis y parroquias del país, así lo denunciaron defensores de derechos humanos, sacerdotes y medios de comunicación.
Hasta la publicación de este artículo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ni los obispos del país han emitido una declaración oficial.
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Según fuentes eclesiásticas contactadas por el diario 100% Noticias, el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, en la capital del país, intentó sin éxito entrar a las cuentas desde la noche del 25 de mayo. La revista Expediente Público señaló que al preguntarle al Cardenal Brenes sobre el tema, este respondió: "estamos viendo cómo resolver la situación".
En la noche del viernes 26 de mayo ACI Prensa se puso en contacto con fuentes de Nicaragua cercanas a la Iglesia en el país.
Martha Patricia Molina, abogada y autora de un estudio "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?", indicó que la "información que se tiene por parte de algunos miembros religiosos es que las cuentas están congeladas, no hay acceso".
Del mismo modo, Félix Maradiaga, ex candidato presidencial en Nicaragua y presidente de la Fundación Libertad, confirmó a ACI Prensa el congelamiento de las cuentas.
"El bloqueo empezó con dos de las más importantes diócesis de Nicaragua, que son la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, y la Diócesis de Estelí. La Diócesis de Matagalpa es mi propia diócesis, precisamente la de nuestro obispo Mons. Rolando Álvarez, que ha sido injusta y arbitrariamente condenado a 26 años de cárcel", indicó el activista el 26 de mayo.
Maradiaga, quien es también un ex preso político y opositor al régimen, indicó que tiene conocimiento "de que otras cuentas bancarias de organizaciones católicas como colegios, universidades y centros de atención a personas vulnerables también han sido congeladas".
"Por ejemplo, en la cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, en la ciudad de Bluefields, hay algunas organizaciones católicas que también han recibido la misma notificación de parte del sistema financiero nacional", continuó.
El político nicaragüense señaló que, en el transcurso del 26 de mayo, la Fundación Libertad ha recibido la misma información de más circunscripciones y municipios del país.
"Uno de los temas que no queda claro es qué pasa con esos fondos, que son fondos que le pertenecen a la Iglesia, que han sido obtenidos de las contribuciones de los laicos y estos fondos están congelados en este momento", señaló.
El P. Erick Díaz, sacerdote de Matagalpa que se encuentra exiliado y sirve en la Diócesis de Chicago (Estados Unidos), declaró a ACI Prensa en la noche del 26 de mayo que lo sucedido "agrava más la situación de la Iglesia porque ya no podrá sostener sus instituciones, ni pagar siquiera sus servicios básicos".
"Esto es una muerte financiera para que la Iglesia deje de funcionar", sentenció.
Maradiaga aseguró que "este es un ataque frontal más contra la Iglesia Católica y un acto perverso de persecución religiosa que revela las verdaderas intenciones del régimen: que es callar la voz profética y pastoral de la Iglesia".
"Pero además de eso, tratar de eliminar incluso la presencia institucional católica en Nicaragua", agregó.
Molina señaló, en una entrevista concedida a ACI Prensa, que esta "no es la primera vez que congelan cuentas de religiosos y confiscan sus bienes".
"Sin embargo, nunca había pasado de una manera tan masiva, entonces creo que hay que esperar las próximas horas a ver cuál es el primer pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Nicaragua", sostuvo.
Para la investigadora nicaragüense el congelamiento de cuentas "afectaría gravemente a cada una de las parroquias y diócesis, porque recordemos que ellas tienen sus propias dinámicas y sus propios gastos, sus servicios básicos del personal administrativo".
"Todo esto causaría una debacle financiera", concluyó.
Esta última semana, el régimen de Ortega y su vicepresidente Rosario Murillo, ordenó a la Policía Nacional que intervenga a tres sacerdotes católicos. El último de ellos, el P. Jaime Iván Montesinos Sauceda, fue arrestado el 23 de mayo y luego acusado de "cometer actos que menoscaban la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la nación".
En los últimos cinco años han ocurrido al menos 529 ataques de Ortega contra la Iglesia, y 90 de ellos fueron cometidos en lo que va del 2023, según el informe "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?".
Entre las agresiones, el documento detalla el encarcelamiento injusto del Obispo Rolando Álvarez, desde el mes de febrero. También informa de 32 religiosas expulsadas del país, 7 edificios de la Iglesia confiscados por el régimen y diversos medios de comunicación cerrados.