El estudio jurídico "Dignidad y Derecho" de Ecuador denunció que los jueces de la Corte Constitucional están intentando introducir el aborto libre en el país, haciendo enmiendas a la ley que regula el aborto y la objeción de conciencia de los médicos.
El 20 de diciembre, la sala de admisión, conformada por las juezas Karla Andrade, Daniela Salazar y Alejandra Cárdenas, aceptó a trámite la demanda 93-22-IN y suspendió parcialmente seis artículos en lo relativo a la objeción de conciencia, denunció el estudio en un comunicado.
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"Es decir, se obligará a los médicos a actuar en contra de sus convicciones y las sanciones incluyen multas de 4 mil dólares y el enjuiciamiento administrativo y penal al personal de salud por actuar acorde a sus principios", precisó.
Con esta decisión, explica Dignidad y Derecho, el tribunal "deja sin efecto ciertos artículos de la ley que están para proteger derechos del personal de salud y la libertad de empresa, hasta que resuelva la demanda, proceso que puede durar años".
La Ley Orgánica que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Aborto) para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación (LORIVE) permitía la objeción de conciencia cuando un médico es el único disponible para atender a la víctima, cumpliendo los estándares internacionales.
"Estos estándares han sido desconocidos por el tribunal de la sala de admisión", subrayó el estudio de abogados.
Además, el alto tribunal "eliminó la posibilidad de la objeción de conciencia colectiva e institucional, vulnerando la libertad de las instituciones privadas de prestar servicios conforme a sus valores".
El comunicado agrega que también "se impone a los prestadores privados de salud la obligación de difundir políticas en favor del aborto, aun en contra de sus valores institucionales".
"Sin derecho a la objeción de conciencia, se sienta el precedente de que el Estado no respeta ni la ley ni la conciencia de sus ciudadanos", precisó Dignidad y Derecho.
Asimismo, el estudio considera que "está claro que ciertos jueces de la Corte Constitucional tienen una postura personal en favor del aborto libre, y, al no poder imponer sus ideas sobre la mayoría de la Corte o el legislador, las imponen con el uso abusivo de medidas cautelares".
"Esta actuación rompe con la seguridad jurídica, desnaturaliza las medidas cautelares como institución de protección de derechos y es utilizado como instrumento de restricción de derechos de víctimas, médicos y de los no nacidos fomentando el abuso del derecho", concluyó.