La Defensoría del Pueblo del Perú fue criticada tras presentar una Acción de Amparo para que el Estado reconozca, por primera vez en su historia, un supuesto derecho a la eutanasia para Ana Estrada, una mujer peruana que padece una enfermedad incurable.
En un comunicado, la entidad estatal informó que el documento legal sobre el caso de Estrada fue presentado el 7 de febrero ante la mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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Walter Gutiérrez Camacho, el Defensor del Pueblo, dijo que su oficina está representando a Estrada debido a su “rol de garante y promotor de los derechos fundamentales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como es este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana”.
En declaraciones a ACI Prensa, Fabiola Morales Castillo, ex congresista y catedrática universitaria, sostuvo que la Defensoría del Pueblo es una institución estatal y “no puede desconocer la Constitución y la Ley en el Perú”.
“O la ignora o la desprecia. En ambos casos es inconcebible que lo haga. Menos pidiendo un derecho que no existe: ‘el derecho a morir’. Negando, el primer derecho que tiene el ser humano que es el ‘derecho a la vida’, sin el cual, ningún otro derecho tiene sentido. Argumentar lo contrario no es solo desconocer la ley peruana y la constitución; sino no tener sentido común. Es muy grave lo que ha hecho y es grave que los medios callen”, indicó la también Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
La eutanasia voluntaria de una persona con dolor intolerable, producto de una enfermedad incurable, es el delito de homicidio en Perú, y puede ser penalizada con hasta tres años de prisión.
Estrada, de 43 años, tiene polimiositis, una inflamación muscular crónica, que la ha dejado paralizada.
La Corte Suprema de Perú aún no ha decidido si escuchará el caso.
La oficina del Defensor del Pueblo argumenta que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha “reconocido y desarrollado derechos fundamentales íntimamente vinculados con el derecho a la muerte en condiciones dignas”.
También afirma que las obligaciones del Estado peruano son el “reconocer, proteger y garantizar el derecho de las personas aquejadas de dolencias y sufrimientos por una enfermedad, de acceder a una muerte en condiciones dignas”.
En una conferencia de prensa anunciando la demanda, Gutiérrez dijo: “Moldeamos las historias de nuestras vidas con nuestras decisiones, y no tiene sentido que en el último capítulo de nuestra vida no se nos permita tomar la decisión” de morir.
Estrada dijo a Reuters que quiere un derecho a la eutanasia “para evitar el sufrimiento” y “porque se trata de cómo vivo mi vida” y de no restringir la “libertad de elegir sobre mi propio cuerpo”.
La eutanasia o el suicidio asistido se han legalizado en Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza, y en algunas partes de los Estados Unidos y Australia.
Morales subrayó que “Ana es una persona consciente”, y que “por muy penosa que sea su situación”, “la vida es un don que se nos ha dado”.
“No nos pertenece, sino que pertenece también a los demás. Las demás personas crecemos ayudándonos unos a otros y toda persona, estando viva, siempre tiene la oportunidad de ayudar. ¿Cómo? Haciendo crecer en los otros la solidaridad, el amor, la misericordia, por ejemplo. Frente a casos tan penosos, el ser humano, normalmente crece y aprende. Se conmueve y se convierte en una ayuda para el que sufre que alivia el dolor del otro, material y espiritual; pero también él que ayuda crece en humanidad”, explicó.
En la encíclica Evangelium vitae de 1995, San Juan Pablo II enseñó que “la eutanasia es una violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana”.
También reflexionó que había una creciente tentación de “recurrir a la eutanasia, esto es, adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin ‘dulcemente’ a la propia vida o a la de otros”.
“En realidad, lo que podría parecer lógico y humano, al considerarlo en profundidad se presenta absurdo e inhumano. Estamos aquí ante uno de los síntomas más alarmantes de la ‘cultura de la muerte’, que avanza sobre todo en las sociedades del bienestar, caracterizadas por una mentalidad eficientista que presenta el creciente número de personas ancianas y debilitadas como algo demasiado gravoso e insoportable. Muy a menudo, éstas se ven aisladas por la familia y la sociedad, organizadas casi exclusivamente sobre la base de criterios de eficiencia productiva, según los cuales una vida irremediablemente inhábil no tiene ya valor alguno”, acotó.
