El senador republicano Marco Rubio, del estado de Florida (EEUU), aseguró que el único crimen del Obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de cárcel, es haber criticado al "brutal régimen" de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua.
"El Obispo Rolando Álvarez sigue injustamente detenido mientras cumple una sentencia de 26 años", escribió Rubio en su cuenta de Twitter el 5 de mayo.
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"El único crimen del obispo Álvarez: ser un hombre de gran fe y tener el coraje de hablar contra el brutal régimen de Ortega-Murillo #ExpressionNotOppression", agregó el senador.
De otro lado, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) exigió este sábado que el Obispo de Matagalpa sea liberado.
"260 días de injusticia. Monseñor Álvarez sigue encarcelado por la dictadura de Ortega. ¡Exigimos su libertad! #LibertadParaMonseñorAlvarez #SOSNicaragua", escribió AUN en su cuenta de Twitter.
260 días de injusticia. Monseñor Álvarez sigue encarcelado por la dictadura de Ortega. ¡Exigimos su libertad! #LibertadParaMonseñorAlvarez #SOSNicaragua pic.twitter.com/zIzbfCVaQm
- AUN (@AUNNicaragua) May 6, 2023
Mons. Rolando Álvarez fue secuestrado por la dictadura de Nicaragua, junto con sacerdotes, diáconos y seminaristas en Matagalpa el 19 de agosto de 2022.
Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 meses de cárcel, acusado injustamente de ser "traidor a la patria" por criticar a la dictadura.
Un día antes, el Prelado rechazó salir del país en el grupo de 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos. Mons. Álvarez prefirió quedarse con su pueblo y con los presos políticos que aún están en las cárceles nicaragüenses.
57 nuevas detenciones
Monitoreo Azul y Blanco, organización que registra y denuncia las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, informó que hasta el mediodía del 4 de mayo, el régimen detuvo a 57 personas: 22 mujeres y 35 hombres.
Las detenciones han ocurrido en los departamentos de Managua, Matagalpa, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, entre otros.
"Horas después la mayoría fueron enviados a sus casas con medida cautelar, en la que deben firmar periódicamente" ante el sistema judicial, precisa la organización.