Por David Ramos
La respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica, exigiendo la aprobación del matrimonio y la agenda gay, es una imposición y una "flagrante violación a la soberanía" que afectaría a toda América Latina, advirtieron diversos expertos.
La Corte Interamericana publicó el 9 de enero de este año su "Opinión consultiva sobre identidad de género, y no discriminación a parejas del mismo sexo", con la que responde a una serie de consultas realizadas por Costa Rica sobre temas de identidad de género y matrimonio homosexual.
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Según este documento, el registro del cambio de sexo en documentos estatales "es un derecho protegido por la Convención Americana" de Derechos Humanos.
La Corte exige luego que se extienda las figuras jurídicas existentes en el país "a las parejas compuestas por personas del mismo sexo –incluyendo el matrimonio".
El organismo determina también que la Convención Americana "no protege un determinado modelo de familia" y asegura que "la definición misma de familia no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales".
La Corte alentó además a los países firmantes del Pacto de San José, adscritos a su jurisdicción, a "vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo".
La Corte Interamericana, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), está conformada por siete jueces, electos por las delegaciones de los países firmantes de la Convención Americana para un periodo de seis años, con posibilidad de una reelección.
Para el abogado y diputado Mario Redondo, candidato a la presidencia de Costa Rica por el Partido Alianza Demócrata Cristiana, la resolución de la Corte Interamericana causa "un profundo enojo", pues "es una flagrante violación a la soberanía de Costa Rica".
En declaraciones para ACI Prensa, Redondo criticó que la decisión de "un pequeño grupo de personas actuando como jueces" se imponga "por encima de la voluntad mayoritaria de todo un pueblo".
El político costarricense aseguró que buscaran realizar un trabajo conjunto "con diputados de otras partes de América", en busca de "lograr un apoyo internacional para tratar que desde la misma Organización de Estados Americanos se ponga freno a los excesos de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trata de imponer la agenda de pequeños grupos sobre la soberanía y de la voluntad de amplios sectores de población en todo el continente".
"Si aceptamos esto, mañana nos imponen el aborto, pasado mañana nos imponen cualquier otro tipo de cosas", advirtió.
El candidato a la presidencia de Costa Rica señaló además que, ante las elecciones presidenciales y congresales del 4 de febrero de 2018, "vamos a tratar de asegurar un apoyo político, una acción política que nos permita un gobierno que definitivamente pueda llegar a promover estas transformaciones desde la OEA y no un gobierno que sea tan complaciente con este tipo de cosas".
El abogado peruano Juan Puertas, especialista en argumentación jurídica, explicó a ACI Prensa que la opinión consultiva fue realizada por "Costa Rica y que vale para Costa Rica".
Sin embargo, precisó, "esto implica que mañana más tarde, cuando eventualmente un caso sobre estos temas termine en la Corte, ya sabemos cuál es el sentir de la Corte sobre estos temas".
Puertas indicó que la Corte Interamericana "ha generado un concepto teórico que se llama el control de convencionalidad", por los que "los fallos que emite la Corte Interamericana deben ser respetados por todos los estados".
Puertas señaló que esto ha llevado a que instancias judiciales "activistas" como el Tribunal Constitucional de Perú tomen al pie de la letra "cualquier fallo que emita la Corte".
El abogado criticó que la Corte Interamericana "es una Corte activista, es una Corte que solo defiende las causas de izquierda y neomarxistas".
"Por un lado aplaude la paz de las FARC, condena a los militares en el Perú y libera a los terroristas. Todas las causas abortistas las defiende, todas las causas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) las defiende".
Sin embargo, "cuando nos preguntamos dónde está la Corte cuando suceden las cosas que suceden en Venezuela, no existe Corte", señaló, pues "la Corte ve lo que ideológicamente le conviene".
"A buena hora esta tendencia en el Perú que se está generando de abandonar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se deslegitima ella misma", añadió.
Para Laura Fernández, Máster en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática y candidata a diputada de Costa Rica por el Partido Alianza Demócrata Cristiana, el documento de la Corte Interamericana es "un golpe a la soberanía nacional" y "una resolución que se impone y quiere atropellar la Constitución Política de Costa Rica".
Fernández subrayó que Costa Rica "es una sociedad de principios y valores, somos un estado confesional católico, constitucionalmente establecido, somos además constitucionalmente establecidos como una nación que defiende la vida, cuya célula fundamental es la familia".
"Sin lugar a dudas, el país va a tener que echar a andar otro tipo de acciones y mecanismos para repudiar este tipo de resoluciones", aseguró.
La politóloga costarricense lamentó que "el problema fundamental" en el país actualmente "es que lamentablemente tenemos en gobierno al partido Acción Ciudadana, que es un partido que se ha vendido y que ha agachado la cabeza a los grupos LGBTI y a otros grupos que van en contra de la mayoría de esta sociedad".
"Estamos esperanzados de que en las próximas elecciones del 4 de febrero los costarricenses tomen en cuenta" y que "abran los ojos, despierten" ante esta situación.
Fernández dijo que "he anunciado una rotunda oposición a cualquier iniciativa de esta naturaleza" y señaló que forma parte de un grupo de más de 700 parlamentarios latinoamericanos "que le han dicho 'no' a la imposición de resoluciones de la Corte Interamericana, que trastocan principios y valores del pueblo costarricense y de otras latitudes de América Latina".
En su voto individual, parcialmente disidente de los otros seis miembros de la Corte Interamericana, el juez Eduardo Vio Grossi recordó que "a la Corte no le corresponde, en el ejercicio de sus competencias, modificar la Convención" Americana de Derechos Humanos.
Además, precisó que "en consecuencia y por esencia, la opinión consultiva no es vinculante para los Estados Partes de la Convención ni para los otros miembros de la Organización de los Estados Americanos, por lo que no procede que ordene la adopción de alguna conducta".
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- ACI Prensa (@aciprensa) 27 de octubre de 2017
Graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Con más de 12 años de experiencia en periodismo católico trabajando en ACI Prensa, estoy radicado en México desde 2018. He cubierto los viajes del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá.