Por David Ramos
En su informe final, presentado el 4 de enero, el panel de investigación del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una serie de acusaciones sobre posibles abusos y prácticas criminales de la multinacional del aborto Planned Parenthood Federation of America, así como otras organizaciones dedicadas al manejo de tejidos y órganos de bebés abortados.
En el cuarto capítulo de su informe, el panel señaló que ha derivado a investigaciones criminales diversos hallazgos, entre ellos que "Planned Parenthood Gulf Coast podría haber violado tanto la ley de Texas como de Estados Unidos cuando vendió tejido a la Universidad de Texas".
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Esta acusación, indicó el organismo del Congreso estadounidense, fue derivada al Fiscal General de Texas.
Según el panel, StemExpress, empresa que trabaja con diversas clínicas de Planned Parenthood para que la provea de órganos y tejidos de bebés abortados, junto a otros establecimientos abortistas, "podrían haber violado los derechos de privacidad consignados en la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos de mujeres vulnerables con el único propósito de aumentar la recolección de tejido fetal para hacer dinero".
Además, sobre el curso de su investigación, "el panel ha descubierto documentos y recibido testimonio de informantes confidenciales indicando que varias entidades, incluyendo cuatro clínicas de Planned Parenthood y Novogenix, podrían haber violado la ley federal (…) que prohíbe la transferencia de tejido fetal por una consideración valiosa".
Esta denuncia fue derivada al Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó el panel.
Planned Parenthood se vio en el centro del escándalo luego de que el Center for Medical Progress (CMP, Centro para el Progreso Médico), con el investigador David Daleiden a la cabeza, denunciara –con más de una decena de videos grabados de forma encubierta– que la multinacional trafica con órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones.
Las denuncias del CMP motivaron una serie de investigaciones en el Congreso de Estados Unidos. Un proyecto de ley que buscaba cortar el financiamiento público de más de 500 millones de dólares que recibe Planned Parenthood cada año fue vetado por el presidente Barack Obama, del Partido Demócrata.
En un comunicado publicado el 4 de enero, el CMP destacó que el informe del panel de la Cámara de Representantes "muestra definitivamente que Planned Parenthood y sus socios en su imperio del aborto son culpables de romper numerosas leyes estatales y federales, en su recolección y venta criminal de partes del cuerpo de bebés".
El CMP destacó que el informe recoge testimonios bajo juramento de importantes directivos de Planned Parenthood en los que admiten "bajo juramento que ellos cambian sus métodos de abortos para obtener partes de bebés de mayor calidad, usan formularios de consentimiento fraudulentos o inválidos con mujeres embarazadas vulnerables, ponen precio a los órganos y tejido sin importar el costo actual" y no les importa que "compañías como StemExpress hagan dinero de las partes del cuerpo recolectadas en Planned Parenthood".
Para el CMP, "el cumplimiento de la ley en todos los niveles debe ahora procesar el negocio criminal de aborto de Planned Parenthood en toda la extensión de la ley, y el contribuyente estadounidense ya no debe ser forzado a subsidiar el barbarismo de la industria del aborto".
Por su parte, la presidenta del panel de investigación, la congresista Marsha Blackburn señaló que fue "un honor" dirigir el grupo y expresó su agradecimiento "a mis colegas que son fuertes líderes pro-vida y han trabajado incansablemente durante el año pasado".
"Es mi esperanza que nuestras recomendaciones resultarán en algunos cambios necesarios tanto dentro de las industrias del aborto como de obtención de tejidos fetales". Estos cambios, expresó, "protegerán tanto a las mujeres y a sus hijos no nacidos, así como la integridad de la investigación científica".
Por su parte, la congresista Diane Black señaló que la investigación del panel "ha puesto al descubierto la horrible realidad de una industria del aborto que está impulsada por las ganancias, despreocupada por los asuntos de ética básica y, muy a menudo, sin cumplir con las pocas leyes que tenemos para proteger la seguridad de las mujeres y sus niños por nacer".
La congresista Mia Love destacó que el trabajo del comité "descubrió aspectos de la industria de tejidos fetales que poca gente conocía", y aseguró que "espero seguir el proceso de las referencias criminales".
"Debemos proteger el derecho a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad dado por Dios del no nacido y de cada ciudadano", señaló.
El congresista Larry Bucshon señaló que "como médico que ha operado a bebés tan jóvenes como de 22 semanas de gestación, estoy orgulloso de nuestro trabajo en representación de los más vulnerables entre nosotros, de proteger las vidas de los no nacidos de una industria que pone las ganancias antes que el valor y la dignidad de la vida humana".
A su turno, el congresista y médico Andy Harris destacó que el panel "tuvo éxito en descubrir vergonzosas prácticas que socavaron las propias bases de la ética de la investigación científica estadounidense", y expresó que tanto su informe como las referencias para investigaciones criminales "pongan fin a estas prácticas oscuras y poco éticas".
Para el congresista Joseph R. Pitts, tras el trabajo del panel para "descubrir las actividades ilegales y altamente repulsivas de las organizaciones involucradas en la venta y tráfico de partes de cuerpos de bebés", ahora le toca "al sistema judicial hacer responsable a los perpetradores y al Congreso y al nuevo gobierno ver que estos atroces actos no continúen".
"La historia nos hará responsables de estas atrocidades", aseguró.
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Graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Con más de 12 años de experiencia en periodismo católico trabajando en ACI Prensa, estoy radicado en México desde 2018. He cubierto los viajes del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá.