Más de 350 empleados de Planned Parenthood firmaron una carta abierta para pedir la destitución de Laura McQuade como presidenta y directora ejecutiva (CEO) de la filial más grande que la organización abortista tiene en Nueva York, tras ser acusada en su actual y anterior gestión de comportamiento abusivo, racismo sistemático y mala gestión financiera.
Del 2014 al 2017 McQuade fue presidenta y CEO de Planned Parenthood Great Plains, en Kansas, pero ese último año se instaló en Nueva York para dirigir la filial Planned Parenthood of Greater New York (PPGNY).
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La carta contra sus gestiones fue publicada el jueves 18 de junio en un artículo de The New Republic titulado "Un levantamiento de los trabajadores en Planned Parenthood", la principal organización proveedora de abortos en Estados Unidos. Un día después, se publicó una historia de seguimiento por Kansas City Star.
La misiva indica: "La directora ejecutiva de Planned Parenthood de Greater New York, Laura McQuade, ha demostrado ser una líder tóxica y autocrática, y nosotros, el personal actual y anterior de Planned Parenthood de Greater New York, escribimos esta carta para exigir su remoción inmediata".
"En su mandato de dos años y medio, McQuade ha creado una cultura de miedo e intimidación; hemos sido testigos de su eliminación selectiva de opositores y rodearse de cómplices. A través de un comportamiento abusivo y malversación financiera, la hemos visto amenazar fundamentalmente la viabilidad fiscal y operativa de la filial más grande de Planned Parenthood y sus 900 empleados", continúa.
La carta también describe el comportamiento abusivo de McQuade, asegurando que muchos de sus trabajadores la vieron "gritar, reprender, golpear con sus puños, abusar verbalmente, humillar y acosar a los empleados, a menudo avergonzando brutalmente a los miembros del personal en reuniones internas frente a sus colegas".
"Este comportamiento está fuera de línea para cualquiera, y mucho menos para el CEO de una organización 'progresista'. Después de innumerables quejas, la junta contrató un bufete de abogados para investigar estas acusaciones", continúa el mensaje.
Según la carta, también eran común que sus empleados afroamericanos durante las evaluaciones de terceros denuncien "el racismo sistemático, la desigualdad salarial y la falta de ascensos para el personal negro".
Refiriéndose a Margaret Sanger, la carta precisó: "Planned Parenthood fue fundada por una mujer blanca racista. Esa es una parte de la historia que no se puede cambiar. Si bien se han hecho esfuerzos para deshacer parte del daño causado por el racismo institucional, muchos de estos problemas han empeorado bajo el mandato de McQuade".
"Nuestros muchos esfuerzos para elevar nuestras voces fueron recibidos con silencio, indiferencia y una creciente indiferencia por el bienestar del personal. Queríamos cambio; todo lo que obtuvimos fue pizza", añade el mensaje.
El 19 de junio, la Junta de Directores de PPGNY emitió una declaración reconociendo la carta del personal y afirmó que se estaría llevando a cabo una "transformación". Sin embargo, se mostró apoyo a McQuade como CEO de la filial.
Más tarde la carta de denuncia fue actualizada, asegurando que la Junta Directiva de Planned Parenthood of Greater New York se separó de McQuade. Sin embargo, la organización abortista no ha publicado un comunicado oficial.
En la actualidad, más de 350 empleados –actuales y antiguos– de la industria del aborto apoyaron la carta, así como otros trabajadores que no participan en la industria.
Este no es el único escándalo reciente en el que se ha visto inmersa la organización abortista. En mayo un video del Center for Medical Progress (CMP) reveló testimonios del 2019 de varias ejecutivas y directoras de la multinacional abortista Planned Parenthood (PP), admitiendo bajo juramento haber participado en la venta ilegal de partes de bebés abortados.
En Estados Unidos la ley estatal y federal solo permite el procesamiento y envío de tejido fetal. La venta de tejidos con fines de lucro es ilegal.
Durante la pandemia de coronavirus COVID-19, Planned Parenthood y otras clínicas abortistas en Estados Unidos fueron acusadas de incumplir órdenes estatales y utilizar los recursos de los trabajadores de salud que luchan contra el brote viral.
El jueves 21 de mayo, cerca de 30 legisladores estadounidenses enviaron una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidiendo formalmente que se investigue a las filiales de Planned Parenthood que recibieron préstamos federales de emergencia.
Fox News informó el martes 19 de mayo que 37 de las filiales de la organización solicitaron y recibieron 80 millones de dólares en préstamos del Paycheck Protection Program (PPP), diseñado para ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro a permanecer abiertas y mantener la nómina mientras dure la pandemia.
El programa de préstamos de emergencia establecido bajo la Ley CARES requería que las pequeñas empresas o las organizaciones sin fines de lucro que solicitan préstamos tengan 500 empleados o menos.
Para las entidades más pequeñas que están afiliadas a una gran organización nacional, se debía aplicar las reglas de afiliación existentes de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), tabulando el recuento de empleados de todas las afiliadas junto con la organización nacional.
Se suponía que Planned Parenthood, el proveedor de abortos más grande del país con alrededor de 330.000 abortos realizados anualmente y casi 2 mil millones de dólares en activos netos, no era elegible para préstamos PPP.
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