La Catedral de Managua (Nicaragua) fue atacada por simpatizantes del Gobierno de Daniel Ortega ayer 18 de noviembre y agredieron a un sacerdote y a una religiosa.
Según informó la Arquidiócesis de Managua en un comunicado "grupos violentos afines al gobierno ingresaron y tomaron el control de la Catedral Metropolitana de Managua. Al ser increpados por el Presbítero Rodolfo López y Sor Arelys Guzmán, estas personas respondieron con violencia golpeando al Padre y a la Sor, quienes se encuentran bien pero tuvieron que salir del templo para resguardarse".
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El comunicado también precisa que durante la noche esas mismas personas "rompieron con fuerza los candados del campanario y otros candados del templo profanando de esta manera nuestra Catedral Metropolitana".
La Arquidiócesis nicaragüense condenó "los hechos de profanación, asedio e intimidación que no abonan a la paz y a la estabilidad del país".
Además pidieron a Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que "tomen acciones inmediatas para que se respeten todos nuestros templos católicos, así mismo a la Policía Nacional que retire sus tropas que asedian, intimidan la Catedral y nuestras parroquias".
"Exhortamos a todo nuestro pueblo a intensificar los momentos de oración frente a Jesús sacramentado y el rezo del Santo Rosario, pidiendo por la paz en nuestro país", aseguraron y recordaron que "nuestra fuerza es la oración".
También citaron el punto de la Doctrina Social de la Iglesia en donde se precisa que "la autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. Estos son innatos, derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir".
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651, pero el Gobierno de Daniel Ortega reconoce tan sólo 200 y achaca la violencia a un supuesto intento de golpe de Estado.
