La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analiza en estos días el caso Pavez Pavez vs Chile, referente a una exmonja lesbiana a la que una diócesis chilena no le renovó su certificado de idoneidad para enseñar religión, luego que hizo público que vivía con su pareja. Según explica ADF International, la resolución del caso podría amenazar la libertad religiosa en toda América Latina.
En su sitio web ADF indicó que el fallo de la Corte IDH "tendrá un impacto significativo en la gente de fe en toda la región. La Corte determinará si los colegios católicos, judíos, musulmanes, evangélicos o de otros credos pueden asegurar que quienes estén a cargo de enseñar la fe vivan de acuerdo a las enseñanzas que imparten".
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Tomás Henríquez, abogado chileno y director de defensa de ADF en América Latina y el Caribe, explicó que "los padres y las comunidades religiosas a las que pertenecen deben sentirse libres de educar en la fe a sus hijos y decidir quién los educará en su nombre. La ley internacional claramente protege la autonomía de las comunidades religiosas".
"La Iglesia juega un importante rol en la sociedad y la sociedad se beneficia de las comunidades religiosas fuertes y autónomas", señaló.
El caso de Sandra Cecilia Pavez Pavez, que enseñaba religión en la Diócesis de San Bernardo (Chile), se remonta a 2007. Cuando la diócesis supo que la mujer estaba en una relación de pareja con otra mujer, algo contrario a la doctrina católica, no se le renovó el certificado de idoneidad para enseñar religión.
La Diócesis de San Bernardo tomó esa decisión en base al decreto 924 de 1983 que establece que "el profesor de Religión, para ejercer como tal, deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras esta no lo revoque, y acreditar además los estudios realizados para servir dicho cargo".
ADF recuerda que Pavez pudo seguir trabajando en otro puesto, siendo además promovida para convertirse en parte del equipo que lidera la escuela hasta hoy. Sin embargo, decidió entablar una acción legal alegando que fue discriminada.
La Corte de Apelaciones de San Miguel falló que la Diócesis estaba en su derecho de proceder como lo hizo. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en 2008.
Pavez llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 y este pasó a la Corte IDH en septiembre de 2019. El 3 de marzo de 2020 el tribunal informó que la audiencia pública, los alegatos y las observaciones finales del caso se realizarán el 12 y 13 de mayo próximos.
ADF informa que ha presentado un documento sobre "la preocupación de las familias religiosas, que temen que estas escuelas afronten una crisis de integridad al contar con instructores religiosos que no se adhieren a los contenidos de su fe" y estas familias se han agrupado en torno a la campaña #ReligionLibre.
"La legislación sobre derechos humanos garantiza el derecho de los padres a dirigir la educación moral y religiosa de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. En consecuencia, las clases de religión deben reflejar esta garantía, incluso mediante el nombramiento de maestros que sean fieles representantes de esas creencias", dijo Robert Clarcke, subdirector de defensa de ADF International.
"La libertad de religión y creencias está en juego para los padres en América. Es vital que la Corte actúe para proteger esta libertad fundamental", concluyó.
Puede adherirse a la petición de ADF International AQUÍ.
