Un experto en derecho canónico explicó detalladamente el proceso que sigue la Iglesia Católica con los sacerdotes acusados de abusos sexuales
El P. Damián Astigueta, profesor de derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, explicó, entre otros temas, cómo es el rol de los obispos, la llamada "dimisión" del estado clerical y las razones por las que en ocasiones algunos sacerdotes no son expulsados.
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El rol del obispo
En entrevista concedida a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– el experto en derecho canónico explicó que "cuando el obispo recibe la noticia de que se ha cometido un abuso tiene la seria obligación de intervenir".
Esta intervención debe darse a nivel judicial alertando a las autoridades civiles, y también a nivel pastoral en un proceso que varía según cada país.
A nivel pastoral, los obispos deben dirigir su atención inmediata a las víctimas "para acogerlas y ayudarlas a entender que no estamos contra ellas y buscamos la verdad".
Una vez comenzada la investigación, el obispo puede aplicar una "medida cautelar", que es un tipo de medida disciplinaria para evitar que "el proceso sea contaminado". Un ejemplo sería evitar que un sacerdote presione a una víctima para retractarse de su declaración, por lo que el obispo puede decidir "distanciarlo" del proceso.
Luego se sigue una investigación canónica y el proceso en sí mismo que concluye con la declaración de inocencia o culpabilidad del acusado.
Cuando el sacerdote es declarado culpable, el obispo debe hacer cumplir la sentencia que se le impone por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio del Vaticano que se encarga de estos casos.
El P. Astigueta también se refirió a los casos en los que el obispo trata de manera negligente las acusaciones de abusos sexuales. En algunos casos la negligencia, por su gravedad, puede llevar a la destitución del prelado que debe renunciar porque "no actuó como debía".
Algunos ejemplos de negligencia son la reubicación de los sacerdotes acusados de abusos en vez de iniciar el proceso de forma inmediata, no tomar medidas cautelares, no percatarse de otros abusos anteriores y/o no seguir los protocolos eclesiales.
Dimisión del estado clerical
Cuando un sacerdote es declarado culpable de abusos sexuales, la pena máxima que puede recibir en la Iglesia es la expulsión o dimisión del estado clerical.
Esto significa que se le prohíbe de modo permanente el ejercicio de los derechos propios del estado clerical como celebrar Misa, oír confesiones y administrar los sacramentos. También queda exento de obligaciones como el rezo de la Liturgia de las Horas y la obediencia al obispo.
El profesor de Derecho Canónico también destacó la importancia de no entender la dimisión como una "reducción al estado laical", ya que esa aproximación se aproxima al laicado "de manera despectiva, como si fueran algo menor" cuando no es así.
Sin embargo, precisó, la dimisión del estado clerical no significa, en estricto, que el sacerdote ya no sea sacerdote, puesto que el sacramento del Orden imprime en el varón que lo recibe "un signo ontológico" que nunca perderá.
Un hombre que pierde el estado clerical podrá ejercer su ministerio en algunos casos excepcionales, como cuando alguien en peligro de muerte le pida los sacramentos.
¿Por qué no todos los sacerdotes culpables de abusos pierden el estado clerical?
Para el P. Astigueta, la respuesta a esta pregunta tiene dos componentes principales: no todos los actos de abuso son iguales en términos de gravedad y la situación misma del sacerdote varía según cada caso.
En primer lugar, el derecho civil considera una diferencia en la gravedad entre la pedofilia –que involucra a niños prepúberes– y la efebofilia, que involucra a adolescentes. En otros casos, explicó el sacerdote, puede existir cierto grado de consentimiento con un adolescente mayor, lo que complica aún más el asunto.
Considerando estos y otros factores, la Iglesia decide en ocasiones un castigo distinto a la dimisión del estado clerical y en su lugar condena al acusado, por ejemplo, a una vida de oración y penitencia.
El P. Astigueta recalcó que ofrecer ayuda a las víctimas y hacer justicia es siempre la prioridad máxima de la Iglesia cuando se trata de abusos cometidos por clérigos, pero la Iglesia también muestra su preocupación por el pecador.
El canon 1350 inciso 2 establece "que existe un deber de caridad hacia" los sacerdotes abusadores, es decir "ayudarlos y cuidarlos en la medida que la persona se deje ayudar".
Además, según el canonista, si la Iglesia destituye inmediatamente del estado clerical a todo sacerdote abusador, esto podría causar más daño. "A veces nos encontramos en situaciones en que si estas personas son arrojadas a la calle, estoy soltando a un posible asesino en serie", advirtió el P Astigueta.
La misericordia en casos de abusos "nunca va contra la justicia" ya que el primer acto de misericordia es "decir la verdad". Una vez conocida esta verdad, el agresor puede ser sancionado "para evitar que la pena sea una venganza", insistió el sacerdote.
¿En qué consiste una vida de oración y penitencia?
Los sacerdotes ancianos declarados culpables de abusos sexuales son los que generalmente se encuentran en esta situación, mientras que los más jóvenes con algún tipo significativo de trastorno mental suelen ser enviados a comunidades terapéuticas.
El P. Astigueta explicó que en la vida de oración y penitencia "la persona está aislada, a veces más, a veces menos" y generalmente "no tiene acceso directo al teléfono o al televisor, y debe dedicarse a leer, rezar y caminar dentro de la casa".
En algunos casos se le prohíbe salir de la casa a la que ha sido confinado, sin permiso, bajo pena de incurrir en más sanciones. Si un sacerdote que recibe esta sentencia no quiere obedecer, la Iglesia "puede imponerle la dimisión" del estado clerical.
La Iglesia "no es una prisión", sostuvo el P. Astigueta, "no tiene un sistema penitenciario como un estado, pero alguien debe vigilar a aquellos que han sido removidos del ministerio".
El canonista indicó que muchos sacerdotes que son llevados a este tipo de vida son personas que "quieren dejarse ayudar y reconocen que esta pena es una tabla de salvación para ellos".
Una reflexión final
Al concluir la entrevista, el P. Astigueta subrayó la importancia de imponer el castigo justo a cada sacerdote culpable de abusos según su situación particular, y advirtió sobre la tentación de utilizar inmediatamente la pena máxima, la dimisión del estado clerical, en todos los casos.
Es un hecho, afirmó el sacerdote, que todos los estados que han intentado endurecer las penas para prevenir nuevos crímenes "no lo han logrado". Lo único que realmente hace que los crímenes disminuyan son medidas preventivas y "la conciencia de las personas, la intervención de las personas", específicamente a través de la educación.
"Si todas las personas dentro de la Iglesia trabajaran para que exista un ambiente sano, no de sospecha, sino sano y prudente", estos actos delictivos disminuirían, concluyó el experto.