Por Blanca Ruiz
La Asamblea de Madrid (España) rechazó la proposición no de Ley presentada por el partido político Ciudadanos, en la que pedía al actual gobierno central la aprobación de una ley de vientres de alquiler o maternidad subrogada.
La votación tuvo lugar el jueves 16 de marzo en la Asamblea de Madrid, y se rechazó por 64 votos en contra y 62 a favor. Tres políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid rompieron la disciplina de voto impuesta por la presidenta del partido en Madrid, Cristina Cifuentes, truncando así su deseo de legalizar los vientres de alquiler.
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Cifuentes ratificó que multará a estos políticos con el pago de al menos 600 euros, por no haber seguido las directrices impuestas por su partido.
La propuesta no de Ley que presentó Ciudadanos ante la Asamblea de Madrid en relación con la legalización de la maternidad subrogada se centraba en la gratuidad de los servicios prestados por parte de las madres gestantes y tenía el fin de garantizar "los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso".
En el mes de octubre de 2014 se rechazó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de crear un marco legislativo en relación con los vientres de alquiler.
Reacciones a la votación
El Presidente del Foro europeo pro vida One of Us, Jaime Mayor Oreja, dijo sobre este tema que los políticos que han promovido la iniciativa, entre ellos el Partido Popular de Madrid, "están dando la espalda y traicionando a millones de personas que les han votado, que piensan exactamente lo contrario de lo que están impulsando".
Además aseguró que le resulta "inconcebible cómo el Partido Popular y Ciudadanos en Madrid estén a la cabeza en estos momentos de un proceso de estas características".
En un comunicado, la Federación One Of Us calificó de inadmisible la legalización de los vientres de alquiler y la "utilización del cuerpo de la mujer como una empresa".
Ana del Pino, Coordinadora Ejecutiva Europea de One Of Us, dijo que los vientres de alquiler "no constituyen ningún progreso ni avance social", sino que "es una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales".
Además, del Pino destacó que "la venta o alquiler del propio cuerpo implica, en última instancia, a la totalidad de la persona, y las secuelas psicológicas de la maternidad de alquiler son evidentes", ante la evidencia científica de los lazos que se crean entre la madre y el hijo durante el embarazo.
En ese sentido se pronunció también la portavoz de Derecho a Vivir, la médico Gádor Joya, quien aseguró que con los vientres de alquiler "se pretende reducir el embarazo a un mero proceso técnico, ignorando que durante la gestación se establece una relación con el hijo única, que deja una impronta tanto física como psicológica en la mujer".
Joya subrayó que la maternidad subrogada "esclaviza a la mujer ya que los padres solicitantes del servicio se erigen en controladores de su forma de vida durante nueve meses, para asegurarse de que el 'producto' de la técnica salga acorde a unos determinados criterios de calidad".
La doctora Joya criticó que no haya una alternativa política que ponga freno a este tipo de iniciativas.
"Lamentamos que, nuevamente, nos encontremos en España huérfanos de un partido político que defienda la dignidad de la mujer, y denunciamos este desprecio hacia la vida humana que es convertida, una vez más, en objeto de mercadeo", declaró la portavoz de Derecho a Vivir.
