La Arquidiócesis de Managua denunció la inseguridad y violencia generalizada en Nicaragua, se solidarizó con los presos por causas políticas y llamó a las autoridades a crear condiciones para que los migrantes y los nicaragüenses se desarrollen en el país.
El 8 de marzo, la Arquidiócesis de Managua publicó un mensaje de la Comisión de Justicia y Paz que llama a las autoridades a aprovechar la Cuaresma para reflexionar sobre los cambios que Nicaragua necesita con urgencia.
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En su mensaje titulado "Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado", la Comisión recuerda que el tiempo cuaresmal llama a todos y en especial a las autoridades y personas de poder a prepararse "para un nuevo estilo de vida, de mentalidad y de actitudes".
En Cuaresma "el amor misericordioso de Dios nos da a todos, y en las actuales circunstancias especialmente a los actores sociales con responsabilidades, la oportunidad de meditar, reflexionar y cambiar para el bien de la sociedad nicaragüense, para erradicar los principales males como la violencia generalizada y la inseguridad en que vive cada ciudadano", se lee en la carta.
En declaraciones a ACI Prensa este 9 de marzo, una fuente de la Arquidiócesis de Managua indicó que "sí hay un clima de inseguridad y violencia, triste en nuestra patria", pues existen grupos paramilitares que, protegidos por instituciones de poder, portan armas y constantemente cometen delitos en la localidad.
Denunció que durante las protestas civiles contra el régimen del presidente Daniel Ortega en 2018, el gobierno "repartió armas a paramilitares" con las que cometieron actos de represión y causaron que mucha gente emigre de Nicaragua. Aunque hoy en día aquella situación "se ha calmado", tales grupos aún conservan sus armas y con ellas cometen delitos.
"Entonces desde la Comisión lo que se quiere pedir es aprovechar en un año electoral y el tiempo de Cuaresma, un nuevo llamado a la conciencia a los que tienen poder, a los que tienen autoridad para reflexionar y hacer bien las cosas, […] porque no se buscan soluciones violentas", señaló.
En la carta, la Comisión recordó las "palabras del Papa Francisco sobre mecanismos políticos que niegan a otros el derecho a existir y opinar". Al respecto, los miembros de la Comisión expresaron su preocupación porque "a varios hermanos de otros países que prestan valiosos servicios en el nuestro se les afecte limitándolos en su permanencia en Nicaragua".
La fuente de la Arquidiócesis explicó a ACI Prensa que estas líneas se refieren a la condición en la que se encuentran los extranjeros en Nicaragua. Muchos de ellos tienen familias y empresas y "han ayudado a construir la sociedad y el país", pero no pueden hacer un plan de vida porque cada mes, o tres o seis meses son citados por las autoridades para evaluar si pueden permanecer en el país o si son expulsados, se indicó.
"Me parece una forma grosera y maleducada de tratar a la gente que colabora en un país, sobretodo leyendo la última carta Fratelli Tutti, en donde el Papa Francisco habla de la acogida y de crear condiciones para que el migrante se desarrolle en cualquier país", se subrayó en el diálogo con ACI Prensa.
En la carta, la Comisión de Justicia y Paz se solidariza "una vez más con los privados de libertad por causas políticas, con sus familias, con los medios de comunicación, con los periodistas y con todas las personas que se ven afectadas y en algunos casos impedidas de emitir sus opiniones y brindar información objetiva y veraz. Esto lesiona los derechos fundamentales sobre libertad de pensamiento y de expresión".
Al respecto, se dijo a ACI Prensa que según los organismos de derechos humanos, en Nicaragua habría más de 100 personas perseguidas y puestas bajo prisión solo por manifestarse en contra del gobierno. Indicó que la mayoría son periodistas y medios de comunicación y que la Iglesia Católica también se ve afectada.
"Si usted es opositora, el sábado o el domingo va a una reunión, la policía llega y la encierra; [es decir] le sale al camino y no le dejan salir de su casa. Igualmente, a periodistas los encierran en su casa y los persiguen o ponen patrullas por detrás de la persona donde vaya a ir. Es una represión abierta, vulgar, nunca vista en nuestra patria y eso es lo que nos tiene escandalizados", se denunció durante el diálogo con ACI Prensa.
"Se ve iglesias que la policía llega y no permite la entrada, el parqueo, o están tomándole la placa a todos los carros que se parquean en la iglesia. Y así pues, van tomando fotos, ven quién entra, quién sale, porque después, esos presos políticos son perseguidos selectivamente. Llegan a la casa de determinado joven, de determinada persona, y después lo arrestan y lo acusan con pruebas falsas, de narcotraficante o terrorista. Lo acusan, le hacen un juicio y lo meten [a prisión]", agregó.
Además, "siempre hay espionaje de qué es lo que dice un sacerdote, y […] cualquier actividad que usted vea que pueda parecer opositora [al gobierno] en una iglesia. Inmediatamente, la policía está ahí presente, le cerca, le cierra de manera agresiva".
Pese al riesgo que corren los sacerdotes, la Arquidiócesis afirmó que "nadie se ha ido del país", y procuran estar de lado del pueblo. Indicó que las denuncias que hace la Iglesia "al gobierno le incomoda", pues "quiere dar apariencia de que todo está bien, pero por detrás está acosando, está presionando, está acusando".
"Gracias a Dios el clero aquí, además de haber sido perseguido estos años y acusado de terrorista no ha sido encerrado", dijo, pero recordó que una vez "un sacerdote fue torturado".
La fuente de la Arquidiócesis afirmó que ante la menor asistencia de fieles a los templos por la pandemia, el problema disminuyó "veladamente", pero dijo que "la agresividad se mantiene hacia la Iglesia". Al respecto, recordó el ataque con una bomba molotov contra la capilla de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Managua del 31 de julio de 2020.
El 7 de diciembre de 2021 habrá elecciones presidenciales en Nicaragua. Sin embargo, el año pasado el presidente Ortega y el Congreso aprobaron una serie de políticas y leyes que, según la crítica internacional, atentarían contra la libertad de expresión.
El exguerrillero y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, tuvo un primer periodo como presidente entre 1985 y 1990. El 2007 asumió la presidencia nuevamente y desde entonces ha sido mantenido el poder, con reelecciones cuya imparcialidad ha sido puesta en duda por la oposición.
Entre las políticas aprobadas el año pasado están la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la Ley Especial de Ciberdelitos, y que ha sido denunciada por los opositores como "Ley Mordaza". Sus detractores dicen que el objetivo es censurar, incluso bajo pena de cárcel, a periodistas independientes y usuarios de redes sociales que expresen opiniones contrarias al régimen, y que el gobierno considere que es información "falsa" o "tergiversada", que pueda atentar contra "la seguridad del Estado".
Luego está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que según los opositores iría en contra de la prensa extranjera, pues obliga a que toda persona y organización que reciba financiamiento del exterior se registre en el Ministerio del Interior como "agente extranjero" y se abstenga de "participar" en la "política interna".
Otra es la Ley de Cadena Perpetua, que sanciona con hasta 30 años de prisión a los que cometan "crímenes de odio". El presidente Ortega dijo que la ley será para sancionar a los que cometan "más destrucción de la que provocaron en abril de 2018".
En abril de 2018 estallaron protestas ciudadanas que fueron reprimidas violentamente, provocando la muerte de cientos de manifestantes. En los meses siguientes varias iglesias y obispos han sido atacados por paramilitares afines al gobierno.
Al respecto, la Arquidiócesis de Managua señaló a ACI Prensa que "es raro" que se lancen estas leyes en medio "de la situación extraordinaria económica, social y política y de salud que estamos viviendo" y afirmó que "es una amenaza para justificar la represión a quien se oponga al régimen".
Sobre las próximas elecciones, la Arquidiócesis recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) "le ha puesto plazo al gobierno hasta el mes de mayo para hacer reforma a la Ley electoral y permitir observación internacional y nacional".
Sin embargo, dijo que "el gobierno no da una mínima señal de querer cambiar, la represión sigue, y si vamos así, como estamos ahorita, nuevamente va a ser un fraude electoral organizado por ellos", al que le seguirá reclamos, crítica internacional y resultará en un tema "diplomático". "Si lo hace, sería una gran sorpresa, pero no. […] Se ve triste la cosa acá", añadió.
En la carta del 8 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua reiteró su llamado a "cambiar para el bien de la sociedad nicaragüense". Al respecto, la Arquidiócesis recordó a ACI Prensa que en mayo de 2014 la Conferencia Episcopal de Nicaragua escribió una carta al presidente Ortega llamada "Hacia nuevos horizontes: la Nicaragua que queremos hacer", donde señalan qué debería hacerse para recomenzar el país.
Durante la entrevista, la Arquidiócesis recordó a ACI Prensa que el primer paso es que haya "libertad de expresión de los medios de comunicación, libertad de manifestación pública en las calles, libertad de presos políticos" y que regrese "la institucionalidad", de modo que "las instituciones realmente funcionen como deben ser y no sean manejadas [de forma] centralizada. Que cada institución estatal cumpla su función, y no solo esté esperando la señal que le hagan de arriba".
Señaló que en Nicaragua "no hay institucionalidad. Aquí todo está manejado por el presidente y la vicepresidenta" Rosario Murillo, que también es esposa de Ortega, pero afirmó que el problema central viene desde hace décadas, incluso antes del inicio del gobierno del presidente Daniel Ortega, que lleva en el poder desde hace más de 14 años.
Dijo que "los sistemas macroeconómicos, ideológicos, políticos y todo, solo van en la búsqueda de los intereses personales y no de un interés social". Explicó que las reformas del presupuesto económico de la República de Nicaragua benefician solo "al gobierno, al ejército, a la policía", en desmedro del presupuesto del sector salud o educación.
En su carta del 8 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis indica que "en el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. Pero, vivir una Cuaresma con esperanza significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la Cruz y que Dios resucitó al tercer día".
La fuente señaló a ACI Prensa que "nosotros hemos mantenido nuestro discurso religioso en nuestra fe en Jesucristo, que nadie nos puede apartar del amor de Cristo, del amor de Dios, del perdón que Él nos ofrece, de la vida nueva, del Espíritu Santo".
"Ese es el motivo de ilusión y de esperanza, de que podemos construir una vida nueva y hacer una vida nueva. En base a ello es que nosotros hacemos el llamado a las personas a mantenerse firmes en la fe y la esperanza de que podamos vivir mejor en el futuro", agregó.
En ese sentido, la carta de la Comisión Justicia y Paz invita a rogar "a San José, protector del Pueblo de Dios, su intercesión en este tiempo de dificultad".
