De esta manera el proyecto ingresado el 17 de noviembre por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, será tratado este jueves 10 por el pleno de la Cámara de Diputados en forma presencial y online.
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El proyecto, despachado en el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, incorporó las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud cuando todos sus profesionales sean objetores de conciencia.
"Aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó", describe el artículo.
En ese sentido, continúa la obligación de "garantizar la realización de la práctica".
Otro cambio en el texto se refiere al Código Civil que expresa que si bien las menores de edad "ejercen sus derechos a través de sus representantes legales", de todas maneras "cuenta con edad y grado de madurez suficiente" para ejercer los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico.
De haber "situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada", describe el actual proyecto.
Además, indica el Código, "se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".
Antes del dictamen la diputada y vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, dijo que el proyecto "resulta extremadamente inoportuno por el contexto sanitario" del COVID-19.
"Nos parece realmente un escándalo estar tratando la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando", sostuvo.
Polledo recordó que el aborto "no está en la agenda de nuestras mujeres" y la solución a este drama "no pasa por la legalización, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y de las políticas públicas para la prevención de embarazos no intencionales".
La diputada del PRO agregó que el aborto legal es "incompatible con nuestro ordenamiento jurídico".
"Se debate como si existiera una tensión entre el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida del niño por nacer. Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser vivo que se está gestando en el vientre materno", sostuvo Polledo.
"No corresponde mantener la punición de la mujer" y "una cosa muy diferente es legalizar el aborto. Es algo que hay que erradicar, no legalizar", aseguró.
También Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, dijo: "no tengo nada contra" las mujeres que han atravesado por un aborto "pero no puedo callarme ante el milagro de la vida".
"Nadie quiere criminalizar a la mujer, que una sola mujer vaya presa o tenga que transitar por el sistema penal, nadie lo quiere. Pero de ahí a pensar que podemos a capricho o arbitrio ¿decidir sobre la vida de otro?", cuestionó.
A su turno, el diputado Jorge Enriquez del PRO, expresó que no se trata de un "clamor popular" ya que las encuestas arrojan un 70% "que se opone", aseguró.
Además recordó que "la embriología y la genética nos indican que hay vida desde la concepción y que esa vida no se puede suprimir por la decisión unilateral de una persona. Estaría disponiendo sobre un cuerpo que no es el propio, sino sobre otra vida".
De otro lado, Graciela Camaño del Consenso Federal, advirtió que con esta legislación se modela una sociedad "donde claramente el individuo se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias que fueron asumidas libremente, incluso a costa de la vida ajena"
"Si es así, la ley solo va a servir como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos, los intereses individuales, y eso es el fracaso de la comunidad organizada", aseguró Camaño.
"Este proyecto claramente lesiona el derecho a la vida por nacer", "si se sanciona el aborto va a ser legal, pero jamás va a ser justo", concluyó.
Se espera que la discusión del proyecto antivida y el proyecto de los 1000 días presentado por Fernández el pasado 17 de noviembre dure unas 30 horas, siete más que el debate en las misma instancia en junio de 2018.
Según el sondeo realizado por Unidad Provida, que reúne a más de cien organizaciones provida en Argentina, hasta el momento 124 diputados votarían a favor del aborto, 119 en contra y 14 aún no definirían su voto.
Si el proyecto antivida obtiene media sanción el jueves 10 de diciembre, pasaría al Senado. Allí se encontraría con una amplia mayoría que defiende las dos vidas, de la madre y del niño por nacer.
En tanto, las encuestas realizadas muestran que la ciudadanía rechaza el proyecto en discusión.
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