Luego de la renuncia de Marcial Rubio Correa tras el escándalo de millonarios cobros indebidos a los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la casa de estudios anunció la fecha para la elección del nuevo rector y vicerrectores.
Como se recuerda, los cobros, que equivalen a unos nueve millones de dólares, eran realizados a los estudiantes que se atrasaban en el pago de sus pensiones.
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De acuerdo a la radio peruana RPP, además de Marcial Rubio Correa renunciaron el vicerrector administrativo, Carlos Fosca Pastor; y la vicerrectora de investigación y candidata para suceder a Rubio en 2019, Pepi Patrón.
El actual vicerrector académico Efraín Gonzales de Olarte asumió el cargo de rector interino.
Según una nota de la PUCP, el Comité Electoral Universitario aprobó el 20 de diciembre la fecha para las elecciones que se realizarán cuando se reúna la Asamblea Universitaria el 21 de junio de 2019.
El rector y los vicerrectores que resulten elegidos ese día desempeñarán los cargos para el periodo comprendido entre 2019 y 2024.
El 20 de diciembre la PUCP también informó que ha iniciado el "segundo proceso de devolución a los estudiantes de los recargos por pago de servicios educativos fuera de fecha. En esta oportunidad, se incluye el periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2012 hasta el 18 de noviembre del 2016, que se suma al proceso de pagos correspondientes a los dos últimos años y que se inició el pasado 26 de noviembre".
"La PUCP seguirá informando sobre las medidas que vienen tomando sus órganos de gobierno sobre este tema. La Pontificia Universidad Católica del Perú reitera sus disculpas a la comunidad universitaria", agrega la nota.
Tras el escándalo en la PUCP, la Agrupación Universitaria Riva - Agüero (AURA), conformada por alumnos y docentes de la universidad peruana exigió que se investigue y se haga una auditoría externa en esa casa de estudios.
"Exigimos que la nueva administración, expresada en un nuevo rectorado, investigue a fondo las responsabilidades legales que se deriven de estas políticas institucionales que han afectado moral y materialmente a la universidad y, principalmente, a las familias peruanas que confiaron en los principios cristianos sobre los que debería constituirse la PUCP", señala el pronunciamiento de la agrupación dado a conocer el 13 de diciembre.
AURA también exigió "una auditoría externa financiera, contable y económica de la universidad, así como la revisión de planillas de los trabajadores de la PUCP, a fin de verificar que se esté cumpliendo los derechos laborales conforme a ley".
"El acceso de esta información es un derecho de todo miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, graduados y trabajadores), por lo que deberá estar a disposición de ella", recordaron.
Además de ratificar su compromiso para el crecimiento de la PUCP, los miembros de AURA expresaron su solidaridad "con todos los estudiantes afectados y sus familias, por lo que apoyamos el justo reclamo en un clima de respeto ajeno a la violencia verbal, física o de cualquier otra índole".
El 14 de diciembre, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry envió una carta al fiscal superior Rafael Vela Barba de la fiscalía de lavado de activos para que determine si el Ministerio Público debe iniciar una investigación en la PUCP por los cobros indebidos a los estudiantes.
De otro lado, según informó el diario Expreso, el ciudadano Hugo Martín Rodríguez Alvarado denunció penalmente a Marcial Rubio Correa y otros directivos de la universidad católica por los delitos de lavado de activos, fraude, estafa y contabilidad paralela en agravio del Estado y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
