La Fiscalía de menores de Vigo amparó la decisión de la menor de 15 años de abortar a pesar de la oposición de sus padres. Tras la reforma de la ley Aído que realizó Mariano Rajoy, las niñas de 16 y 17 años deben tener el consentimiento de sus padres para abortar. Sin embargo en este caso, la juez de familia del Juzgado de Primera Instancia de Vigo consideró que la menor se encontraba en una "situación de riesgo de exclusión social y de inminente peligro por el conflicto con sus padres", por lo que autorizó el aborto.
Los padres de la menor habían denegado su consentimiento al aborto de la niña y habían manifestado su voluntad de hacerse cargo del bebé cuando naciera.
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Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, afirma que están "perfilando una querella porque consideramos que la juez en este caso ha prevaricado". Los motivos de esta prevaricación serían que al ser menor siempre se debe velar por "el superior interés del menor", pero "en este caso hacer que una menor aborte no pensamos que sea velar por el superior interés del menor, cuando está demostrado que el aborto tiene una cantidad de secuelas tanto físicas como psíquicas que afectan a un porcentaje muy elevado de mujeres".
En ese sentido Castellanos afirmó a ACI Prensa que al tener 15 años "sólo hubiera sido valorable la opinión de los padres que querían que la niña siguiera adelante con el embarazo", aplicándosele a la menor "una ley que no se le tendría que haber aplicado".
La ley Aído permitía que las niñas de 16 y 17 años pudieran abortar sin consentimiento paterno. Pero el gobierno de Rajoy realizó una reforma al respecto por la cual las menores sí necesitaban el consentimiento de los paterno y en el caso de que hubiera diferencias entre las decisiones de los padres y de la niña, esto se dirimiría en los tribunales.
"Pero en este caso tampoco esto es aplicable porque la niña tenía 15 años y no 16 o 17 como se especifica, por lo que se ha aplicado una ley que no era competencia", precisó a ACI Prensa Castellanos.
Actualmente la menor está en un centro de acogida. "Igual que ahora está en un centro habiendo abortado, podría estar en uno destinado a mujeres embarazadas", "además no sólo no se ha solucionado la situación que tenía la menor con los padres, sino que muy probablemente se ha empeorado", precisó.
"La única explicación es que parece que en este país se da preferencia a la cultura del descarte porque en esta niña la opinión de sus padres no cuenta, a pesar de que la ley decía que eran los únicos que tenían potestad. Sin embargo en el caso de la menor a la que le retiraron la alimentación artificial, la única opinión que vale es la de los padres", aseguró Polonia Castellanos a ACI Prensa.
De esta manera subrayó que "la única opinión que cuenta es cuando se quiere dar más rienda suelta a la cultura de la muerte, a la cultura del descarte o al negocio del aborto o de la eutanasia".