Ayer 18 de octubre, al cumplirse dos años del llamado "estallido social", fueron saqueadas e incendiadas dependencias del Obispado de Talca (Chile) por grupos de encapuchados.
Este ataque ocurrió en el marco de los dos años del "estallido social", momento en que la ciudadanía chilena comenzó a manifestarse en forma espontánea y masiva para exigir al gobierno una serie de demandas sociales para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, también se registraron hechos de vandalismo y atentados contra la propiedad pública, privada e iglesias.
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Desde octubre de 2019 varias iglesias han sido blanco del ataque de los encapuchados, como la parroquia de La Asunción, la parroquia de la Vera Cruz o la iglesia San Francisco de Borja que fueron completamente destruidas.
El lunes 18, al finalizar nuevas manifestaciones en distintas ciudades de Chile, que en su inicio fueron pacíficas, grupos de encapuchados destruyeron el mobiliario público, saquearon negocios y provocaron incendios. Además, las fachadas de varias iglesias fueron pintadas con consignas y se registró un incendio en un templo evangélico en el sur del país.
Según las cifras de Carabineros, durante la jornada se contabilizaron en el país 486 hechos de violencia, 2 fallecidos y 450 detenidos.
En la ciudad de Talca, durante la noche, unos desconocidos saquearon e incendiaron las dependencias del Obispado, lugar donde funcionan la Vicaría de Pastoral Juvenil, la Vicaría de Pastoral Social, el Departamento del 1%, la Pastoral de Movilidad Humana y la Fundación Hogar de Estudiantes Universitarios.
A pesar de sus esfuerzos, los bomberos no pudieron evitar la pérdida del mobiliario de varias oficinas.
A través de un comunicado este 19 de octubre, la Diócesis a cargo del Obispo, Mons. Galo Fernández, agradeció a "quienes de inmediato nos han expresado su solidaridad y apoyo".
"Ante todo, a quienes concurrieron al lugar con prontitud para controlar el incendio e impedir que el daño fuera mayor; a los vecinos, a los voluntarios de Bomberos, a Carabineros de Chile y al personal del obispado nuestra más sincera gratitud", reiteró.
"Ser víctimas de esta violencia irracional nos ayuda a comprender y solidarizar con el dolor que tantos han experimentado en circunstancias semejantes en el último tiempo. Pensamos especialmente en quienes se han visto afectados en sus fuentes laborales", reflexionó.
Por ello, como Diócesis reiteraron su "convicción de que la paz y el diálogo son el camino de la justicia y el desarrollo".
"De que la violencia no representa las aspiraciones de la inmensa mayoría del país pues no contribuye en nada a resolver los problemas de Chile, en particular de los más vulnerables".
Aún, pese a las dificultades "continuaremos con renovada convicción en el servicio a los más desposeídos y en la tarea de anunciar con alegría el nombre de Jesús, Señor y Salvador", finalizó.
Del estallido social a la Convención Constitucional
Desde que se desató la violencia en octubre de 2019, el sector político hizo un pacto para acoger las demandas sociales a través de un cambio constitucional.
La idea fue sometida a plebiscito ciudadano y el 25 de octubre de 2020 un 78,27% frente a un 21,73% del total del electorado (unos 14 millones de chilenos) aprobó que se redacte una nueva Carta Magna.
También mediante plebiscito, el 15 y 16 de mayo de 2021 se escogió a las 155 personas que conforman hoy la Convención Constitucional, para elaborar el proyecto de Constitución que podría reemplazar la que está vigente desde 1980.
Tras constituirse el 4 de julio de 2021, los redactores de la Constitución, llamados convencionales constituyentes, trabajaron en el reglamento de funcionamiento publicado el pasado 13 de octubre.
Sin embargo, una de las primeras polémicas fue la solicitud de algunos miembros de la Convención para que se indulte a los detenidos por participar en actos de violencia durante las manifestaciones.
Otra polémica ha sido la discusión sobre la eliminación del concepto de "República" de Chile ya que sus promotores afirman que es un concepto "invasor".
La redacción del proyecto de Constitución debería ser votado en un plebiscito ciudadano durante el primer semestre de 2022.
Composición de la Convención Constitucional
El grupo que redactará la Constitución está compuesto por personas con diversas profesiones y oficios. Algunos se agruparon en listas como "Vamos por Chile", afín a los partidos de derecha y que obtuvo 37 cupos.
Las listas del "Apruebo", afín a los partidos Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Socialista, Progresista, entre otros; de "Apruebo Dignidad" con el Partido Comunista, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, Igualdad, entre otros; de la "Nueva Constitución" y de la lista "Del Pueblo" tiene 91 cupos.
En tanto, existen 17 cupos para los pueblos indígenas y 10 para otros pactos.
La presidenta de la Convención Constitucional es Elisa Loncon, de la etnia mapuche; y el vicepresidente es Jaime Bassa, afiliado a la coalición de izquierda "Frente Amplio".