Iglesia llama a la pacificación en provincia marcada por la convulsión social

El Obispo de Jujuy (Argentina), Mons. César Daniel Fernández, se pronunció sobre la jornada vivida este martes en la provincia, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y personal policial.

Desde hace varios días se vive en Jujuy un clima de gran tensión social debido a que parte de la población se muestra en desacuerdo con la reforma de la Constitución de la provincia, aprobada el pasado viernes por el gobierno de Gerardo Morales.

El descontento por la nueva Constitución se suma a las marchas del personal docente que desde hace semanas se manifiesta en reclamo de mejoras salariales.

Los artículos que generaron rechazo en distintos sectores de la sociedad son los que sancionan y restringen los cortes de ruta y las protestas sociales. El gobernador argumentó que "el ejercicio del derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos".

El lunes por la noche, el gobierno anunció, además, la marcha atrás en la redacción de artículos que establecían derechos y garantías de las comunidades indígenas, con un inciso dedicado a la propiedad privada.

Luego de su aprobación, la puesta en vigencia de la Constitución se celebró de forma anticipada y a puertas cerradas en la mañana del martes 20 de junio.

Esto generó nuevas protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes que ingresaron a la sede de la Legislatura. Para ello, derribaron las vallas de seguridad, luego arrojaron piedras, rompieron vidrios y prendieron fuego en el interior.

En ese marco, el Obispo de Jujuy, Mons. César Daniel Fernández, calificó la del martes como "una jornada triste y para olvidar".

Después de que días atrás la Iglesia local llamara al diálogo y a la escucha para generar consensos y resolver los problemas sociales, Jujuy llegó a "un punto crítico", consideró.

"Quizá habría que haber empleado más tiempo en el arte de dialogar y no haber llegado a la situación que se generó hoy", expresó el prelado.

Por eso, unido a las palabras del Obispo de Humahuaca, Mons. Félix Paredes Cruz, el Obispo de Jujuy convocó "a todos los sectores de la sociedad, principalmente a nuestros gobernantes, dirigentes políticos y sociales, a apostar por la inmediata pacificación social".

En ese sentido, llamó a "un diálogo donde no primen los intereses políticos, ideológicos, sectoriales, sino que se tienda a establecer la convivencia y la paz social, un bien y un derecho de todos los ciudadanos".

Y pidiendo que prevalezca el bien del pueblo jujeño, Mons. Fernández rechazó "toda violencia, venga del lado que venga, porque atenta contra la dignidad de cada persona humana y lleva a un punto sin retorno o del que es muy difícil volver".

"Habrá que examinar muy detenidamente por qué hemos llegado a la situación que vivimos hoy para ponerle pronto remedio y recomenzar desde bases sólidas y desde consensos compartidos", planteó, exhortando a "que cada uno haga su aporte con grandeza y generosidad".

La jornada del martes dejó más de 170 personas afectadas por balas de goma y gases lacrimógenos. Se reportaron también cerca de 70 detenidos y un herido de gravedad.

Pese al cuestionamiento mediático, el gobernador Morales defendió la acción de la Policía y aseguró que los disturbios fueron provocados por "militantes de izquierda y gente de afuera".

"Tenía que actuar la Policía el día de ayer. ¿No han visto cómo destruyeron y quemaron todo?", observó, al tiempo que llamó a "debatir el límite de los derechos".

Asimismo, denunció la complicidad del presidente argentino con lo ocurrido: "El gobierno nacional está agitando. Los responsabilizo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. Les reparten plata", aseguró.

Este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) lleva a cabo un paro general en la provincia de Jujuy y los partidos de izquierda convocaron a una marcha hacia la Casa de Gobierno. En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y oficialistas marcharán para protestar por lo sucedido.

Lo que se pretende es que Morales revierta la publicación de la Constitución, pese a que fue aprobada por votación, incluso con apoyo de miembros de la oposición.