El Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Mons. Jesús Juárez, denunció el linchamiento que le causó la muerte al alcalde de Ayo Ayo –a unos 80 kilómetros al sur de La Paz–, Benjamín Altamirano Calle, y afirmó que la tragedia refleja que en el país “no existe respeto a la ley”.
El Prelado expresó que “estas son señales que preocupan y llevan a un sentido de impotencia, porque no hay respeto a la ley y se actúa de una manera completamente ilegal e inmoral”.
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Por su parte, la Asociación de Jueces de La Paz condenó el crimen y expresó a través de un comunicado que “hace un tiempo atrás habíamos reclamado que los jueces de las provincias sean trasladados a La Paz y puedan atender desde sus asientos en la capital esos procesos, por falta de seguridad”.
El secuestro y asesinato del alcalde –quien fue quemado vivo por los pobladores–, fue cometido en la madrugada del martes como causa de la denominada “justicia comunitaria” según expresaba el cartel hallado junto al cadáver.
Sin embargo, los jueces del caso advirtieron que “la justicia comunitaria no debe entenderse como un ajusticiamiento comunitario y volver a los tiempos arcaicos donde cada uno hacía justicia por sus propias manos”.
Como en la mayoría de los pueblos aymaras, la presencia policial en Ayo Ayo es escasa y sólo cinco agentes están destinados al lugar. Además, ninguno de los campesinos ni los policías dijo haber “visto o escuchado algo” cuando se ejecutaba al alcalde.
Según el Comandante de la Policía, General Jairo Sanabria, la búsqueda del alcalde –que tenía 55 años y era acusado de corrupción y malversación medio millón de dólares– comenzó de inmediato y los policías del pueblo aseguraron haber dejado el turno a las 11:00 de la noche cuando “hubo un corte total de energía, inexplicablemente”.