Por Julieta Villar
El Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA) alertaron que las escuelas católicas, cuyo presupuesto depende en gran medida del Estado, podrían quedar desfinanciadas debido a una reciente decisión gubernamental.
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En un comunicado publicado en el periódico "La Gaceta", de Tucumán, ambas organizaciones expusieron la situación en la que quedarían las instituciones educativas públicas de gestión privada –que incluyen centros católicos– y que se financian con el pago de aranceles por parte de las familias, el aporte estatal, o una combinación de ambas.
El comunicado, titulado "La educación como prioridad nacional requiere de un financiamiento serio", se refirió a la decisión del Ministerio de Educación, de octubre de 2022, de aumentar el salario de los maestros en 66%.
Sin embargo, en marzo de 2023 el Ministerio autorizó aumentar sólo en 16,8% los aranceles que pagan los padres de familia, basando la medida en el plan estatal de regulación "precios cuidados".
Esto significa que el restante 50% para cubrir el aumento salarial tendrá que ser asumido por las escuelas.
En este punto, CONSUDEC y FAERA pidieron tener en cuenta que entre el 80 y el 85% de la inversión escolar se aplica al pago de remuneraciones, de manera que, cada vez que las autoridades de cada jurisdicción acuerdan aumentos de salario con los gremios docentes, es necesario adecuar los aranceles escolares para poder sostenerlo.
"Como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, hemos puesto el mayor de los esfuerzos en acompañar a las familias que eligen nuestras propuestas educativas", expresaron.
Al mismo tiempo, aseguraron, intentan "salvaguardar el salario del personal docente", porque sin ellos las escuelas no serían posibles.
Al respecto, explicaron que recientemente el Ministerio de Educación de la Nación, a instancia de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía, convocó al sector.
En dicha convocatoria se buscó "un camino de previsibilidad" para poder aportar en la lucha contra la inflación, que en febrero pasado alcanzó el 102,5% anual. A este camino se adecuó el acuerdo paritario docente nacional.
Sin embargo, señalaron que las autoridades provinciales, que son las que regulan los aranceles escolares en proporción a los incrementos salariales que otorgan, no han respetado los acuerdos asumidos.
Si bien "a nivel nacional la pauta salarial acompañó el camino propuesto", en las distintas provincias no sucede lo mismo, alterando así el acuerdo e impactando en los costos de las escuelas privadas de gestión pública, detallaron.
"Existen algunas provincias que pretenden forzar el compromiso asumido, no respetando dichos porcentajes" ni permitiendo trasladarlos a los aranceles.
A esto se suma que las autoridades provinciales desestimaron otros acuerdos previos, cuyos costos ya habían impactado en las instituciones en 2022.
"Estas medidas no hacen más que desfinanciar a la educación pública de gestión privada", lamentaron, y están "lejos de proteger la economía familiar, puesto que pone en riesgo su derecho a elegir la educación para sus hijos de acuerdo con sus convicciones, ideologías y creencias".
Además, estas disposiciones "provocan que sólo accedan a la gestión privada las familias que lo pueden pagar" y ponen en riesgo "la continuidad educativa, las fuentes de trabajo de los docentes y la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes", afirmaron.
Ante este escenario, pidieron "volver al camino de la sensatez y no dejarnos llevar por climas electorales con miradas cortoplacistas que no hacen más que perjudicar", en especial a los más vulnerables.
"La gestión privada representa a nivel nacional más del 35% del sistema educativo público", señalaron.
"Muchas de nuestras escuelas son ofertas únicas en jurisdicciones donde el Estado no llega, inclusive en niveles no obligatorios como los institutos superiores", destacaron.
Finalmente, recordaron que "la educación es una prioridad nacional y requiere de políticas públicas y de un financiamiento serio que no esté atado a la coyuntura, política ni institucional, sino que sea una verdadera política de Estado".
Firman la carta el presidente del CONSUDEC, doctor Adrián Álvarez, y el director ejecutivo de FAERA, Enrique Carlos García.
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
