Martha Lorena de Casco, fundadora del Comité Provida de Honduras, criticó con dureza al gobierno por aprobar el uso de la píldora abortiva del día siguiente, también conocida como anticoncepción de emergencia, para los casos de violación sexual.
"Desgraciadamente, este mes de enero el ministro de Salud autorizó el uso de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) con la excusa de la violación. Aprobar el uso de la PAE es aprobar el aborto", señala De Casco en una columna de opinión compartida con ACI Prensa.
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El 31 de octubre pasado, José Matheu, ministro de Salud del gobierno de Xiomara Castro, anunció que el Ejecutivo firmaría esta normativa.
Según De Casco, "en los últimos meses hemos sido bombardeados por una campaña publicitaria millonaria a favor del uso de la PAE".
En su columna, también recuerda que "se ha escuchado continuamente la exigencia de los grupos feministas y de las Naciones Unidas, pidiendo el derecho a abortar como un derecho humano de la mujer avalado por el gobierno socialista que busca trastocar los valores de la vida y la familia".
La líder provida explica que las presiones que ha sufrido Honduras desde 1983 para despenalizar el aborto "han sido continuas, sin tregua".
De Casco considera que, en el caso de la píldora del día siguiente, se demuestra "que el aborto es un tema decisivo para estas autoridades, pues con la despenalización de esta pastilla abortiva se abre la puerta para un descalabro moral aún más grande que el que vivimos".
En su columna, la líder advierte que la "PAE es un bombazo hormonal que evita la anidación del cigoto".
"¿Ignoran que la venta indiscriminada de la PAE en tantas pulperías y farmacias es un problema de salud pública?, ¿no vislumbran que la PAE es un instrumento para proteger a los abusadores sexuales y es un incentivo para la promiscuidad?", cuestiona en su texto.
De Casco recuerda a las autoridades su deber de "dar soluciones buenas y sanas, no a claudicar facilitando abortivos farmacológicos sin ninguna responsabilidad".
Entre las posibles soluciones, indica que los gobiernos deben desarrollar "políticas públicas y acciones puntuales dirigidas a ayudar a la madre embarazada y a los niños no nacidos", así como "promover el valor y la dignidad de la mujer y el derecho a la vida".
"De igual manera es decisivo que los entes de Seguridad Pública y Fiscales del Estado actúen conforme a la ley y no permitan clínicas clandestinas ni laboratorios, tampoco venta de pastillas abortivas que comprometen seriamente la salud de la mujer", sostiene.
La líder provida recuerda que "está ampliamente demostrado que las políticas a favor del aborto son destructivas y generan más problemas personales y sociales que los que se pretenden solucionar". "Y sin duda alguna abren la puerta al aborto legal y libre como ha sucedido en otros países", añade.
Finalmente, De Casco subraya que "es evidente que la venta de la PAE es un negocio muy rentable".
"La campaña millonaria en afiches, en paredes, en vallas publicitarias, por todos los medios de comunicación social e incluso en el cine, demuestra que no estamos frente a una pastilla para uso exclusivo en caso de violaciones sexuales, sino para una venta masiva de uso general", concluye la líder provida.