Organizaciones provida han reaccionado al rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al recurso planteado contra la ley del aborto vigente en España.

La norma fue aprobada en 2010, y desde hace 13 años se esperaba que el TC decidiera sobre su ajuste a la Carta Magna, pese a que el recurso se calificó como "prioritario".

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La decisión se ha producido en medio de la polémica por la sombra de sospecha que se cierne sobre algunos de los magistrados, a quienes se les exigía apartarse del caso.

Al menos cuatro de sus once miembros han sido acusados de parcialidad a favor del aborto. Entre ellos se encuentran el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y Inmaculada Montalbán.

También habría incurrido en causa de parcialidad el magistrado Juan Carlos Campo, por haber sido secretario de estado de Justicia cuando se tramitó la ley.

La cuarta integrante del TC en esta situación es Concepción Espejel, que presentó su abstención voluntaria. Sin embargo, no le han permitido inhibirse de participar en la decisión.

"Empiezan los abortos constitucionales"

El presidente del Grupo Provida de Madrid, Jesús Poveda, afirma a ACI Prensa que, después de la decisión del TC, "las cuentas salen claras: llevamos 2 millones de abortos acostitucionales y ahora empiezan los abortos constitucionales".

A su juicio, esta decisión supone que "ante la pasividad del Partido Popular y la agresividad del PSOE, el Tribunal Constitucional sigue sin escuchar el latido del nasciturus, que es digno de heredar si llega al parto, pero indigno de nacer".

"Una apisonadora"

La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Inmaculada Fernández, subraya en un comunicado que "hoy es un día triste", porque miles de bebés se enfrentan "a una muerte prematura por la cobardía de algunos jueces durante estos 13 años".

Fernández también apunta a "la crueldad" de la mayoría de los miembros del TC, "para los que la vida humana no tiene ninguna dignidad".

A su juicio, el TC "ha hecho gala de ser una apisonadora, pasando por alto los vínculos y conflicto de intereses del presidente" y otros magistrados. 

Fernández considera en un comunicado que las organizaciones provida no van a dar la pelea por perdida.

La portavoz de Derecho a Vivir augura que quizá suceda en España "como en Estados Unidos y tengamos que batallar durante 50 años" para "recuperar la cordura".

Delito de prevaricación

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos publicó un mensaje señalando que el presidente del TC "ha cometido un presunto delito de prevaricación" al impedir la abstención de Espejel.

A su juicio, lo hizo para no tener que apartarse él mismo "por estar contaminado al haber realizado valoraciones previas sobre esta ley".

La agrupación de juristas espera que el Tribunal Supremo "se pronuncie sobre esta prevaricación. Si no lo hace, llevaremos a Conde-Pumpido ante el Tribunal de Estrasburgo".

Los juristas se muestran convencidos de que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "hay jurisprudencia clarísima sobre la necesidad de que los jueces sean imparciales", señalan en una nota.

La organización apuesta también por que la Comisión Europea se manifieste contra "la corrupción del Constitucional español" que, a su juicio, han provocado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el del TC Cándido Conde-Pumpido.

La belleza del milagro de la vida

Amelia Bueno, portavoz de la Iniciativa Ambulancia Vida, considera "lamentables las prisas y las formas para desproteger el derecho a la vida del no nacido".

Esta iniciativa ofrece ecografías gratuitas a las puertas de los negocios abortistas de Madrid. 

Bueno recuerda, en declaraciones a ACI Prensa, que el nasciturus, "como dijo el mismo Constitucional en 1985, es un bien jurídico protegible". 

"¿Cómo es posible desproteger y disponer de un bien jurídico protegible?", se pregunta Bueno en declaraciones a ACI Prensa.

La portavoz de esta iniciativa provida muestra su compromiso con las mujeres embarazadas en riesgo de aborto: "Seguiremos mostrando a las madres la belleza del milagro de la vida".

Un TC "politizado"

Para la coordinadora nacional de 40 Días por la Vida en España, Nayeli Rodríguez, "es indignante que este recurso haya estado ignorado durante 13 años".

A su entender, el TC avala una ley "que entra en conflicto con el derecho a la vida que recoge la Constitución en el artículo 15 y con la sentencia del 85 del TC que protege y reconoce el derecho a la vida del nasciturus".

Rodríguez denuncia, en respuesta a ACI Prensa, que el TC "está siendo politizado". En ese sentido, lamenta que "los organismos que deben velar por el bien de cada uno de nosotros se mueven por la corriente política de quienes los componen". 

Esta es la causa por la que no toman decisiones "para proteger el derecho más importante y principal: el derecho a la vida, cimiento de todos los demás derechos", subraya Rodríguez. 

La coordinadora nacional de 40 Días por la Vida en Espala entiende que la decisión del TC afianza "nuestra misión de rezar por el fin del aborto, por todas las madres, por los sanitarios y por la sociedad en general, para que tome conciencia de todos los bebés que se están asesinando". 

40 Días por la Vida inicia su campaña de Cuaresma el próximo 22 de febrero con la conciencia clara de que se trata de una labor "fundamental para que Dios toque y cambie el corazón de todos los que están a favor del aborto".

 

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida en España, Alicia Latorre, considera que "es una decisión vergonzosa e ilegitima, en el fondo y en la forma".

Latorre denuncia "la pasividad de casi 13 años sin dictar sentencia sobre un asunto que calificaron de urgente" y que no se aceptara la suspensión cautelar de la aplicaicón de la ley "ya que lo que estaban en juego eran vidas humanas que serían irrecuperables si la ley se declaraba inconstitucional".

La presienta de Provida coincide en señalar que la decisión tiene "visos de nulidad" tanto por la "composición del tribunal ideologizado" como por no admitir la recusación de algunos de sus miembros. Entodo caso, se trata ua circunstancia que "no por esperada, deja de ser dramática".

Latorre aprovecha la ocasión para subrayar que "un acto legal puede no ser legítimo" y tampoco "cambia la naturaleza de los hechos" ni convierte "en bueno lo perverso" porque "el aborto es un acto intrínsecamente malo".

A su juicio, la decisión del TC además de ser una "sentencia de muerte de miles de seres humanos inocentes", supone también "la muerte de la justicia porque se han vulnerado todos los principios básicos éticos y legales".

Entercer lugar, Latorree destaca que "esta sentencia le allana el camino a la nueva y aún peor ley que se está preparando" sobre el aborto y anima a "avivar el debate y  descubrir la suciedad y la muerte que hay debajo de este tema".

ACTUALIZACIÓN: 10 de febrero de 2023 a las 12:02 GMT+2