La presión de los musulmanes en España, que han amenazado con recibir dinero de organizaciones islámicas radicales si el estado no les proporciona recursos, ha logrado mover al gobierno socialista, que ahora ha anunciado oficialmente que buscará maneras de financiarlos.
Los musulmanes han elaborado un “Plan Integral de Desarrollo del Acuerdo de Cooperación con el Estado español que presentaron a la directora socialista de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico el viernes.
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Las principales reivindicaciones islámicas, aceptadas en principio por el gobierno socialista incluyen la necesidad de impartir clases de religión islámica en las escuelas públicas y la dotación de fondos para las mezquitas, supuestamente con el fin de que “aquellas que operan en garajes puedan salir de la marginalidad”.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo “está buscando fórmulas de financiación, entre las que se encuentra la opción de crear una casilla en el IRPF para el colectivo musulmán, como existe actualmente para la Iglesia católica”.
El gobierno ha admitido que las amenazas islámicas –según las cuales la falta de financiación refuerza los vínculos con el terrorismo- han surtido efecto; pues ha señalado que “la dotación económica puede ser un buen antídoto para frenar el radicalismo islámico y poder controlar los lugares de culto”.
El PSOE considera que el actual sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica “es discriminatorio” y ha pedido otorgar una cantidad de la recaudación prevista en el IRPF al resto de confesiones –musulmana, judía y protestante,- desconociendo tanto el papel histórico como mayoritario de la Iglesia.
La secretaria general de Política Internacional del PSOE, Trinidad Jiménez, se ha mostrado a favor de “establecer una financiación pública que permita la independencia de las comunidades islámicas” para evitar que acudan “a otras fuentes” que los socialistas no ven “oportunas para la convivencia”.
Arabia Saudita con su versión radicalizada de islamismo wuahabita, ha sufragado las mezquitas de Madrid y Fuengirola. El gobierno socialista cree que si el estado financia a los musulmanes en España, éstos dejarán de recibir el dinero que sauditas y organizaciones islámicas radicales distribuyen a raudales.