Una religiosa fue retirada por la policía de un convento en Argentina

La policía de Salta (Argentina) intervino para permitir que una religiosa dejara el Convento San Bernardo, luego de una denuncia de su familia contra las autoridades del claustro por supuesta privación ilegítima de la libertad.

Se trata de una religiosa de la Orden de Carmelitas Descalzas, que residía en el convento de clausura ubicado en el centro salteño.

Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, la monja había pedido autorización para salir del claustro, "pero se le negaba la posibilidad".

A inicios de diciembre "las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano. Sin embargo, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron la posibilidad de retirarse", detalla la web del Ministerio.

La Fiscalía ordenó entonces a la Policía "entrevistarse con las autoridades del convento, pero no fueron recibidos". Lo mismo sucedió con auxiliares fiscales que llegaron hasta allí, "sin posibilidad del ingreso al lugar para notificación".

Luego de esos intentos, y con ayuda del cuerpo de Bomberos, la Policía "logró ingresar al edificio sin forzar el acceso". En ese contexto, la religiosa "ratificó su intención de retirarse" y "fue trasladada a un lugar seguro", precisó el Ministerio Público Fiscal.

"Nosotros no somos parte de esa denuncia, pero nos vamos a presentar para tomar intervención en la causa y ver de qué se trata", explicó a ACI Prensa el abogado del Arzobispado de Salta, Eduardo Romani.

El letrado consideró que el Arzobispo, Mons. Mario Cargnello, "no puede estar ajeno a esta historia".

"Tenemos que hacer una presentación judicial pidiendo que nos autoricen a intervenir en el expediente, para tomar conocimiento, y que pongan a disposición las actuaciones", puntualizó.

"Yo estuve en el momento en que se hizo efectiva la orden judicial, porque a Mons. Cargnello le llegó un correo electrónico pidiéndole intervención, y como él tiene una prohibición, yo me hice presente".

El Arzobispo no puede acercarse a menos de 300 metros del convento, a raíz de una denuncia en su contra realizada en abril por tres religiosas Carmelitas Descalzas.

Ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta, las hermanas acusaron al Prelado y a otros dos religiosos de ejercer violencia de género y hostigamiento.

Durante la actuación policial, el abogado habló con la familia de la religiosa, que "había pedido salir hacía varios días". Allí constató que "la priora no le daba autorización ni gestionaba el trámite ante el Obispo".

La salida del convento, explicó el representante legal del Arzobispado, "es un trámite sencillo, que consiste en notificar al Obispo y nada más". Al negársele, advirtió, "se configura el delito de coacción y privación ilegítima de la libertad", detalló. 

El conflicto por la advocación de la "Virgen del Cerro"

Por otra parte, el abogado busca que investiguen a María Livia Galliano, vidente de las presuntas apariciones de la "Virgen del Cerro" en Salta, y a su esposo, Carlos Obeid, a quienes asegura "se les vio ingresar al convento por una puerta lateral".

"No deberían estar ahí adentro, no tienen por qué, y habrá que ver cuál es el nivel de responsabilidad, qué es lo que van a hacer al convento, que es de clausura", planteó.

Al respecto, recordó que en abril de 2022, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano emitió un decreto que "no se está cumpliendo".

El documento advertía a las religiosas sobre su vínculo con la supuesta aparición mariana conocida como la "Virgen del Cerro", que no tiene actualmente aprobación de la Iglesia Católica.

En ese marco, establecía que "la Comunidad de las Hermanas Carmelitas de Salta no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida 'Obra yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús' y sostener esta actividad".

Asimismo, advertía que, "permitiendo a la 'vidente', la Sra. María Livia Galiano de Obeid, vivir en los locales propios y asignando algunos espacios para los peregrinos cercanos a este contexto, está claramente involucrado completamente en esta obra, contra la voluntad de la Iglesia local".

En ese sentido, recordaba que "el monasterio, aun teniendo autonomía propia, está integrado en la Iglesia local, y cualquier implicación directa o indirecta del monasterio en la vida de la Iglesia local y en el apostolado debe ser concordada y realizada con el permiso del Obispo diocesano".

La defensa de la priora

En las últimas horas, el abogado José Viola, defensor de María Fátima del Espíritu Santo, Madre Priora del convento, dio una entrevista radial al medio salteño Aries On Line.

En sus declaraciones, negó que haya habido un allanamiento en el convento, ni religiosas privadas de su libertad.

"No hubo jamás un allanamiento. Lo que hizo Ramos Osorio -Fiscal Penal N° 2- es solicitar que una persona se comisione y vea si realmente había una persona que quería salir", afirmó.

Según el defensor, "esto que hace el Doctor Romani en la prensa es parte de la estrategia defensiva de Mons. Cargnello".

Asimismo, explicó que "la recomendación de la Santa Sede sobre el apartamiento de la Fundación del convento fue contestada por la superiora, en tanto que la presencia de un asistente canónico fue suspendida".

En este punto, se refiere a un comunicado del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica  publicado en septiembre, luego del acuerdo arribado por las Carmelitas Descalzas con el Arzobispado de Salta. Allí se suspende la decisión de nombrar un Asistente Apostólico hasta el próximo 1° de abril de 2023.