La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) exigirá que sus miembros y colaboradores, a través de un documento de responsabilidad personal, se declare culpable de traicionar la confianza depositada por la Iglesia, en el caso de que cometa abuso sexual, y responsable único.
"En el caso de cometer cualquier tipo de abuso sexual de menores o adultos vulnerables, lo haría traicionando la confianza que la Iglesia ha depositado en mí y, por tanto, a través de este documento, asumo mi responsabilidad única y exclusiva" se lee en el documento.
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El nuevo documento, titulado "Política Marco de protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables", busca presentar formas concretas de acción frente a los posibles casos que se produzcan en el marco de sus actividades.
El protocolo, elaborado con el asesoramiento de la Universidad Pontificia de Comillas, exige firmar el citado documento de responsabilidad personal a "toda persona contratada o voluntaria", así como a los "sacerdotes y consagrados del Instituto religioso".
En el documento de responsabilidad, el firmante expresa su rechazo personal al abuso sexual y a cualquier forma de violencia.
También declara que conoce la doctrina católica al respecto y las leyes españolas que sean de aplicación y que se compromete a aplicar la política marco que hoy se ha presentado.
La Política Marco se presenta como una guía práctica que los Institutos religiosos pueden adaptar a las circunstancias y misión que desempeñan y que implica a sus miembros, personal contratado así como a los voluntarios.
Más allá de atajar los casos de abuso sexual que se puedan cometer en estos ámbitos, los religiosos españoles pretenden además "desterrar otro tipo de comportamientos violentos" físicos o psicológicos.
Para ello, el protocolo prevé unos criterios para la selección y la formación de los trabajadores, la puesta en marcha de códigos de conducta y la "creación de espacios seguros".
Al mismo tiempo, la CONFER impulsa con esta Política Marco la protocolización de modos de actuación, desde la detección de los casos y su denuncia "procurando que la intervención sea inmediata, ajustada a las leyes civiles y canónicas y tratando de forma individualizada tanto a quien denuncia y a su familia, como al denunciado y su entorno".
Reparación del daño de abusos
Entre los objetivos de este plan también se contemplan maneras de reparar el daño causado, incluida la indemnización económica.
En este sentido, se detalla que "en todo caso, la reparación supondrá una petición de perdón por parte de la institución y el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias de prevención para que los hechos no vuelvan a suceder".
Por otro lado, también se prevé "trabajar con el victimario en su rehabilitación y tomar decisiones consistentes (...) evitando que esté en contacto habitual con los niños".
Otra de las medidas planteadas en el plan es la implantación de un llamado "agente de protección" cuya misión será coordinar la puesta en marcha del protocolo anti abusos sexuales.
Esta figura deberá contar con formación específica en la materia y un mapa de recursos de asesoramiento jurídico y psicológico para poner a disposición de la víctima.
Los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica asociados a CONFER son más de 400, de los cuales el 75% son congregaciones femeninas.
En total, esta entidad representa a cerca de 35 mil religiosos en España, incluidos aquellos en las etapas de noviciado o con votos temporales, que según el Informe Estadístico de CONFER correspondiente al año 2022 apenas superan los mil miembros.