La Fundación Madrina denunció que la nueva ley del aborto, promovida desde el Gobierno de España, atenta contra la salud pública del menor, y advirtió que se ha eliminado de todas las administraciones autonómicas la figura del Defensor del Menor.
El anteproyecto de la nueva Ley del aborto, aprobado ayer en Consejo de Ministros en España, ha causado estupor en la Fundación Madrina, entidad de carácter benéfico asistencial dedicada a ayudar a las madres sin recursos que, en lugar de abortar, deciden tener a su bebé.
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Su presidente, Conrado Jiménez, dijo a ACI Prensa que la nueva Ley del aborto atenta contra la salud pública de las menores de 16 y 17 años.
En España se exige la firma de los padres o la del tutor legal para que un menor de edad, pueda ir de excursión, comprar alcohol o tabaco. Tampoco le es posible a un menor sacarse el carnet de conducir o votar en los comicios electorales.
"Sin embargo, es inaudito", destacó Jiménez, "que con esta ley, jóvenes menores puedan abortar solas y sin el consentimiento de los padres, mientras que para comprar paracetamol en la farmacia se exija receta y autorización médica".
El Presidente de la Fundación Madrina recriminó además que se "ha eliminado de todas las administraciones autonómicas la figura del Defensor del Menor".
Jiménez indicó que "con esta Ley no se está legislando sobre un derecho social sino sobre una actuación médica y sanitaria cuyo Ministerio no es competente, ya que el aborto es un 'acto médico' que requiere consentimiento informado y conocimiento de los tutores legales del menor".
El presidente de la Fundación explicó que "esta intervención puede conllevar aparejadas graves consecuencias, que pueden comprometer la vida y la fertilidad de la menor, aparte de los efectos psicológicos permanentes que incluyen intentos de autolesión y estrés post traumático".
"Esta ley no tiene en cuenta que aborda un tema médico, no político. Hay muchos intereses económicos y lobbies empresariales que desean llevar el aborto al terreno ideológico y desligarlo del sanitario, hecho que perjudica y deteriora gravemente la salud de nuestras menores que quedan vulnerables", precisó Jiménez.
En este sentido, Jiménez denunció que el Ministerio de Igualdad "juega con la salud de nuestros menores, considerando equivocadamente que el aborto es un derecho, cuando el derecho es a la vida, a la salud de la mujer y a la salud materno infantil".
Por otra parte, el presidente de al asociación provida exigió "que haya una policía especializada para adolescentes, menores en general y embarazadas en particular porque la nueva ley, consolida la violencia y vulnerabilidad de la menor embarazada, que suele querer seguir adelante con el embarazo teniendo en contra a la pareja y la familia".
"Frente a esta nueva legislación permisiva", concluyó Jiménez, "es de prever que todas las enfermedades de transmisión sexual aumenten significativamente".
