El gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pretende legalizar que las menores de 16 y 17 años puedan someterse al aborto sin el permiso de los padres.
Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a la agencia EFE,que el texto se encuentra en la última fase de la negociación y la idea es que el Consejo de Ministros le dé el visto el bueno el próximo martes.
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Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, deberá ser presentado ante el Congreso de Diputados.
Todo apunta a una maniobra acelerada del Gobierno socialista para desactivar el recurso que presentó la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC) en 2010 contra la Ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, y que 12 años después sigue sin resolverse.
El recurso cuestiona al TC sobre la legalidad de abortar en las primeras 14 semanas de gestación, y precisamente sobre si las menores de edad, de 16 y 17 años, podían interrumpir su embarazo sin autorización ni conocimiento explícito de sus padres o tutores.
Una reforma posterior a la ley del aborto, que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, derogó el permiso de la ley de 2010 para que las jovenes pudieran abortar sin el consentimiento paterno.
Si la nueva norma promovida desde el régimen de Pedro Sánchez fuera aprobada, las menores ni siquiera tendrían que esperar el plazo de al menos tres días -que ahora dicta la ley en su artículo 14- entre haber sido informadas de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y la práctica del aborto.
En otro orden de cosas, la nueva ley también prevé regular la objeción de conciencia del personal sanitario y contempla crear un registro de objetores, una suerte de lista negra copiada de la acttual ley de la Eutanasia, para conocer qué médicos se niegan a realizar abortos y cuales estarían dispuestos a prestar este "servicio".
La norma también contempla blindar el derecho al aborto en los centros públicos y que las intervenciones en clínicas privadas sean elecciones secundarias.
El borrador de la nueva ley también propone reducir el 10% de Impuesto al Valor Añadido (IVA) de los productos de higiene femenina y ofrecer artículos gratuitos para mujeres en riesgo de exclusión social. Sin embargo aún no hay acuerdo para el anunciado IVA al 0% de los artículos de primera necesidad: tampones, compresas y pañales de bebé.