El Cardenal Angelo Becciu aseguró este jueves 5 que el Papa Francisco autorizó gastar un millón de euros para lograr la liberación de la hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana que había sido secuestrada en Mali por terroristas musulmanes vinculados a Al Qaeda.
Según recoge la agencia Associated Press (AP), el Purpurado dijo esto durante la audiencia de este jueves 5 de mayo, en el juicio que se le sigue por supuestos delitos financieros que habrían sido cometidos mientras fue sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano, entre mayo de 2011 y junio de 2018.
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La hermana Narváez fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 por el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (SGIM), y liberada el 9 de octubre de 2021. La religiosa colombiana pertenece a las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.
El Cardenal es enjuiciado con otros funcionarios vaticanos y colaboradores, entre quienes está la italiana Cecilia Marogna, acusada de malversación de fondos de la Secretaría de Estado por supuestamente recibir cientos de miles de euros del Vaticano y haber gastado el dinero destinado a obras de caridad en artículos de lujo y vacaciones, lo que ella niega.
Asimismo, el Purpurado fue interrogado hoy jueves luego que el Papa Francisco lo dispensó en marzo de la obligación del secreto pontificio, una regla de confidencialidad que protege información sensible sobre el gobierno de la Iglesia universal.
Antes de esto, el Cardenal había invocado el secreto pontificio para argumentar que no podía hablar sobre sus tratos con Cecilia Marogna, una autodenominada "consultora de seguridad" acusada de malversación de fondos de la Secretaría de Estado.
Así, según informó Associated Press, en su declaración de dos horas y media el Purpurado dijo hoy que Marogna formó parte de la operación para lograr la liberación de la religiosa.
El Cardenal Becciu señaló que la contrató como consultora de seguridad externa, impresionado por su comprensión de los asuntos geopolíticos y la confianza que tenía en dos altos funcionarios del servicio secreto italiano, los generales Luciano Carta y Gianni Caravelli, quienes la acompañaron a una reunión con el Purpurado en el Vaticano en octubre de 2017.
Además, relató que había recibido pedidos de ayuda de parte del Nuncio en Colombia y de las religiosas para rescatar a la hermana Gloria. Según el Cardenal, llevó el asunto al Papa Francisco y a Marogna, e indicó que la italiana se ofreció a trabajar con la firma de inteligencia británica The Inkerman Group para asegurar la liberación.
En su relato, el Purpurado dijo que el Papa lo autorizó a seguir con la operación, pero le prohibió contárselo a alguien, incluido el jefe de policía del Vaticano. Según AP, en su declaración el Cardenal Becciu dijo que el Pontífice estaba preocupado por las implicaciones de seguridad y reputación si se filtraba la noticia.
El Cardenal Becciu dijo que luego asistió con Marogna a una reunión con miembros de Inkerman en Londres en enero de 2018, donde se les dijo que no había garantías de éxito y que el gasto total podría llegar a un millón de euros. Debido a que el Vaticano quería permanecer al margen, la italiana se convirtió en la intermediaria clave y en recibir pagos periódicos de la Secretaría de Estado por la operación, aseguró el Purpurado.
En su declaración al tribunal, el exsustituto vaticano dijo que el 15 de enero de 2018 le proporcionó a Francisco una lectura oral preliminar de la reunión de Londres, mientras el Papa se dirigía a Perú para una visita apostólica.
"Me escuchó y confirmó mi intención de proceder", dijo el Cardenal. Añadió que "en una reunión posterior con el Santo Padre, una vez en Roma, le hablé más detalladamente de la conversación que tuvimos con Inkerman y de la suma que deberíamos haber estimado a grandes rasgos: alrededor de un millón de euros, parte para pagar la creación de una red de contactos, y parte para la liberación efectiva de la religiosa".
"Puntualicé que no deberíamos haber ido más allá de esa cifra. Él aprobó. Debo decir que cada paso de esta operación fue acordado con el Santo Padre", señaló el también exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El juicio contra el Cardenal Becciu
El Cardenal Becciu, que en septiembre de 2020 renunció a sus derechos como miembro del Colegio Cardenalicio y a la Congregación para las Causas de los Santos, es también enjuiciado por las inversiones financieras realizadas por la Secretaría de Estado mientras ejercía como sustituto, el segundo rango en este importante departamento vaticano.
En el juicio, la Secretaría de Estado es uno de los cuatro demandantes civiles contra el Purpurado y otros funcionarios y colaboradores del Vaticano.
Los otros demandantes son la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólico (APSA), el Instituto para las Obras de Religión (IOR) –conocido como Banco Vaticano–, y la Autoridad de Supervisión e Información Financiera de la Santa Sede (ASIF).
Durante la audiencia de este 5 de mayo, un abogado de Mons. Alberto Perlasca, exjefe de administración de la Secretaría de Estado y convertido de sospechoso a testigo clave de la acusación, dijo que su defendido también debería recibir una indemnización por daños y perjuicios como demandante civil.
Por su parte, en una declaración de 50 páginas, el Cardenal Becciu argumentó este jueves su inocencia frente a los cargos de malversación de fondos, abuso de autoridad y manipulación de testigos.
El Cardenal de 73 años, que desde el inicio del juicio ha reiterado que es inocente, respondió a las acusaciones y explicó detalles de su cargo como sustituto de la Secretaría de Estado. Dijo que este dependía de su total fe en sus colaboradores y al mismo tiempo total autonomía.
A la declaración siguieron varias horas de intensos y acalorados interrogatorios, durante los cuales el Cardenal Becciu respondió a las solicitudes de un fiscal para obtener más información sobre inversiones realizadas por la Secretaría de Estado, entre las que está la compra de un inmueble en Londres.
Respondiendo a las preguntas, el Purpurado negó que la Secretaría haya utilizado dinero del Óbolo de San Pedro, el fondo caritativo del Papa, para la inversión en el edificio de Londres.
Al Cardenal Becciu se le preguntó si el Papa Francisco estaba informado de las inversiones de la Secretaría de Estado. Respondió que presentaba informes ocasionales al Pontífice, pero que no hubo autorizaciones específicas.
Luego agregó que él es "de la vieja escuela: In odiosis non feci nomen pontifici". Explicó que la frase en latín significa que "uno trata de preservar la autoridad moral del Papa sin involucrarlo en las cosas terrenales. Eso no significa no informarle, sino no darle la responsabilidad".
Durante el interrogatorio de hoy, el presidente de la Corte, Giuseppe Pignatone, no permitió algunas de las preguntas del fiscal. En un momento, el juez también dio un descanso de cinco minutos para que el abogado y el acusado se calmaran. La próxima audiencia será el 18 de mayo.
