Este miércoles 27 de abril se celebró en Roma la audiencia número 13 del juicio contra el Cardenal Angelo Becciu, donde declaró Tommasso di Ruzza, el ex director de la Inteligencia Financiera del Vaticano.
El proceso judicial, de gran complejidad por el tamaño de la causa elaborada por los fiscales durante meses y por las múltiples ramificaciones del caso, tiene como principal elemento la compra de un edificio en Londres (Reino Unido) por parte del Vaticano en 2014, para su transformación en apartamentos de lujo.
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La compra llegó a realizarse, sin embargo el inmueble no se pudo reformar porque no cumplía con los requisitos de la ley de urbanística de Londres y no se obtuvieron los permisos.
El fracaso de la operación supuso un grave perjuicio en las arcas vaticanas.
El Cardenal Becciu, que entonces era el Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, se habría valido de su cargo, siempre según las acusaciones, para obtener 300 millones de euros en préstamos del Instituto de Obras de Religión (IOR) y un fondo suizo de dudosa reputación para financiar la operación inmobiliaria.
Audiencia número 13
En la sesión de hoy declaró Tommasso Di Ruzza, quien fuera director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano entre 2016 y 2021, quien explicó la gestión de fondos que llevó a cabo la Secretaría de Estado del Vaticano durante el tiempo que el Cardenal Becciu fue su Secretario Sustituto.
Di Ruzza aclaró que el IOR sí puede conceder préstamos, aunque no como una entidad de crédito; no es un banco que recauda fondos públicos y tampoco está abierto al exterior, ya que no tiene sucursales fuera del Vaticano.
El IOR está autorizado a conceder préstamos desde 2015, pero se trata de un préstamo que debe hacerse con garantía, para preservar también la naturaleza especial de la institución.
Se trataba de pagar el préstamo contraído para financiar la compra del edificio en Londres, por un importe de 150 millones, mientras que lo que se pedía al IOR era una subrogación de préstamo, con un tipo de interés del 1/2 por ciento anual.
En definitiva, un préstamo del IOR habría supuesto un ahorro considerable para las arcas de la Santa Sede, tal y como se recoge también en el memorándum entregado por el Arzobispo Mons. Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano.
Por otra parte, se preguntó a Di Ruzza si había considerado denunciar las operaciones, a lo que contestó que esa decisión correspondía a la Secretaría de Estado.
Apuntó que ante esta situación existían dos opciones: denunciar el riesgo de una sentencia desfavorable en los tribunales de Londres y, por otro lado, reestructurar la inversión, aunque ello supondría pagar por una propiedad que ya poseía la Santa Sede.
Di Ruzza explicó que todas las decisiones eran tomadas directamente por la Secretaría de Estado y que la Autoridad de Inteligencia Financiera se limitaba a dar apoyo, verificando la viabilidad.
Sin embargo, nunca hubo una denuncia porque no había perfiles que pusieran de manifiesto una supuesta "actividad de transacción sospechosa".
Asimismo, el ex director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano explicó que, tras conocer las facturas, pidieron "información para seguir el flujo de movimientos". Inmediatamente después, "se activaron los órganos internos APSA e IOR y el 9 de agosto de 2019 el Cuerpo de Gendarmería".
La Gendarmería, sin embargo, nunca respondió y aseguró que "hubo 14 reuniones entre la AIF, los Gendarmes y los Promotores, y yo representé la solicitud de la AIF ante los Gendarmes también. Nunca hubo respuesta y el 1 de octubre supimos por qué".
"Los máximos responsables del IOR eran conscientes de que la AIF estaba llevando a cabo investigaciones en profundidad. Me gustaría señalar que se sabía a todos los niveles que se estaba investigando", subrayó.
Cabe destacar que el próximo 5 de mayo declarará el Cardenal Becciu.
Traducido y adaptado por Almudena Martínez-Bordiú. Publicado originalmente por ACI Stampa.
