El Obispado de San Ignacio (Bolivia) denunció que el exsacerdote Mateo Elvio Pinto Ríos se apropió de la iglesia San José de Chiquitos y continúa ejerciendo el ministerio sacerdotal, pese a la prohibición.
A través de un comunicado difundido el 29 de marzo, el Obispo de San Ignacio, Mons. Robert Flock, recordó que Pinto "fue suspendido del ministerio sacerdotal y removido del cargo de vicario parroquial de San José de Chiquitos" por decreto episcopal con fecha 8 de octubre de 2020.
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El abogado del Obispado, Tito López, precisó al diario El Deber que Pinto se "autonombró párroco y comenzó a ejercer las funciones de éste, en desmedro de las facultades concedidas" al párroco, P. Gustavo Domínguez.
Entre las acciones cometidas por Pinto están la "manipulación de personas, firmas falsas, denuncias penales sin pruebas, calumnias y una campaña de desprestigio contra otros sacerdotes".
El 8 de febrero de 2022 la Santa Sede le impuso la dimisión del estado clerical, "prohibiéndole por completo el ejercicio del ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica". La decisión del Vaticano es "suprema e inapelable", se informó.
Aún así el exsacerdote rechazó la dimisión del estado clerical con una carta notariada el 15 de marzo, lo que probaría el "'cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos' (Canon 751) a sus faltas gravísimas", explicó el Obispo de San Ignacio.
"Dado que los cismáticos automáticamente 'incurren en excomunión' el señor Elvio Pinto ya no es sacerdote de la Iglesia Católica", agregó.
El Obispo señaló que "por respeto al pueblo católico" del lugar es "necesario que las Misas y los sacramentos sean presididos por sacerdotes en comunión con la Iglesia Católica".
Mons. Flock dijo al diario El Deber que tanto la iglesia San José de Chiquitos como los predios de la parroquia "están tomados" por Pinto y un grupo de personas que no pertenecen a la Iglesia.
Por ello, el Obispado de San Ignacio ha iniciado un proceso de expulsión del grupo. El Juzgado de San José de Chiquitos aprobó el desalojo, sin embargo, representantes de la Procuraduría General del Estado han intervenido "como aliados de las siete personas que pretenden apropiarse del templo", dijo Mons. Flock.
El Complejo Misional de San José de Chiquitos y otras cinco misiones jesuíticas de la Chiquitania son Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1990.
La Diócesis de San Ignacio cuenta con la posesión y el derecho propietario del complejo como bien eclesiástico, sede parroquial y lugar de culto católico activo desde su fundación, y debe ser administrado por el párroco nombrado por la autoridad competente.
Más allá del conflicto, Mons. Flock criticó la manipulación que se hace del recinto y expresó que "cuando hay beneficios, dicen que es del pueblo; cuando necesita inversiones, es de la Iglesia; cuando hay resentimiento, es del excura".
"El pueblo está cansado; no le importa quién es dueño. Quiere convivir en paz con la bendición de Dios, celebrando su fe católica con las tradiciones solemnes que heredaron de la época misional, inseparables de este templo", afirmó Mons. Flock.