El 3 de marzo cuatro magistrados de la Corte Constitucional de Colombia fueron denunciados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue si cometieron presuntos delitos al despenalizar el aborto hasta las 24 de gestación.
La denuncia fue presentada por la parlamentaria del Centro Democrático, Margarita Restrepo, en contra de los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Ossa (conjuez) por los presuntos delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y abuso de función pública.
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"En una democracia representativa es la mayoría quien toma y debe tomar las decisiones en nuestra nación, no un grupo de jueces súper poderosos que creen tener la última palabra", declaró la congresista, según recoge el medio Semana.
Restrepo señaló que la denuncia por supuesto "prevaricato por acción" se debe a que "los magistrados en mención votaron a favor de la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación, desconociendo y yendo en contravía al derecho a la vida regulado en nuestra Carta Magna en su artículo 11, el cual establece que este derecho es inviolable".
Asimismo, dijo que se estarían violando tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Respecto al supuesto delito de "abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto", comentó que "el fallo de la Corte hizo tránsito a una cosa ya juzgada y los denunciados están pasando por encima de sus propias providencias, debido a que en el año 2006 esta misma corporación decidió despenalizar el aborto únicamente bajo las tres causales conocidas".
Finalmente, Restrepo se refirió al presunto "delito de abuso de función pública", el cual se daría porque los magistrados "siguen usurpando la función del Congreso de la República, la cual está establecida en el artículo 114 de la Constitución y que dice: 'Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración'".
En declaraciones a ACI Prensa, Santiago Guevara, abogado de la fundación Nueva Democracia de Colombia, dijo que "claramente la regulación sobre el derecho a la vida, e incluso la de los derechos de las mujeres, corresponde al legislador y no a la Corte Constitucional".
"Nada dice nuestra Constitución que permita inferir que el Congreso tiene prohibido penalizar el aborto o que tiene límites materiales para legislar sobre la protección del derecho fundamental a la vida. La norma suprema ni siquiera habla de levantar la cosa juzgada para pronunciarse nuevamente sobre un asunto", aseguró.
Según Guevara "se está percibiendo intención política de seguir adelante con la denuncia" de Restrepo. Dijo que un indicio "es que ya ha habido muestras de preocupación por parte de los magistrados". "Por ejemplo, el día de ayer la Corte publicó un comunicado pidiendo que se respeten sus decisiones", sostuvo.
"Con ese panorama, no descartamos que la denuncia pueda por lo menos avanzar a una segunda etapa procesal ante la Plenaria de la Cámara de Representantes. Esto sería favorable porque, aún si no se logra una condena formal contra los magistrados, pueden verse resultados a corto plazo".
Explicó que "no hay que olvidar que la Corte no ha publicado el texto de la sentencia y que todo esto puede servir para que su contenido sea modulado de modo que atente en menor medida contra la vida del no nacido".
La directora ejecutiva de la Red Provida LATAM, Deisy Álvarez, comentó a ACI Prensa que la denuncia presentada por Restrepo "es lo mínimo que debería esperarse al saber que la despenalización del aborto por parte de la Corte es un acto que en sí mismo está mal, ya que es una función que le corresponde al Congreso".
"Si llegara a determinarse que los magistrados incurrieron en estos delitos, favorecería mucho al panorama porque podría volverse a poner sobre la mesa el tema del aborto, debatirse por la vía en la que se debe hacer", comentó.
Por su parte, Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida en Colombia, aseguró que la denuncia de Restrepo debe ser acompañada de más acciones que demuestren el gran malestar nacional frente a la decisión de la Corte Constitucional.
"El juez natural de los magistrados de la Corte es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que eventualmente puede funcionar. Pero ciertamente creo que lo que se va a requerir es una gran presión social para que esto pueda darse", comentó.
Agregó que la Comisión, por sí sola, posiblemente "no llegue a ningún lado", a menos que se acompañe de más acciones de la sociedad.
Guevara, de Nueva Democracia, también dijo que "difícilmente un juicio ante el Congreso llegue a prosperar" y que "lo normal es que sea archivado en la Comisión de Acusaciones".
"En la historia constitucional reciente, solo una vez ha avanzado una denuncia contra un magistrado de la Corte Constitucional y fue por hechos de corrupción. Sin embargo, de llegar a prosperar, se entiende que la sentencia fue encontrada contraria a derecho por la autoridad competente y, de entrada, los magistrados serán retirados de sus cargos", explicó.
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.
