Este jueves 17 de febrero el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) explicó que el sistema judicial del país "vive un grave deterioro", y por ello pidió que se inicie la esperada reforma que le devuelva la confianza y esperanza al pueblo.
"Como Obispos, cumpliendo nuestra misión de pastores de la Iglesia Católica en Bolivia, nos preocupa que las promesas de reforma de la justicia queden en el olvido. Por eso, pedimos que se inicie, de una vez, el proceso de reforma con la participación y consenso de todas las Instituciones y fuerzas vivas del país", fue la solicitud de los prelados a través de un comunicado.
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Los obispos bolivianos explicaron que el "grave deterioro" del sistema judicial nacional ha "originado la pérdida de toda credibilidad en la población y suscitado crecientes reclamos para una reforma profunda y de raíz, que garantice una administración de justicia ecuánime, transparente y libre de toda presión política y social".
"Lo que el pueblo boliviano quiere es que la administración de la justicia actúe en el estricto cumplimiento de las leyes, con transparencia, autonomía y en un total respeto a la verdad", subrayó el comunicado.
Los obispos indicaron que, entre los casos más representativos y recientes de mala administración de justicia, se puede constatar el "escándalo suscitado por la liberación, por intereses económicos de operadores de justicia", de varios asesinos de mujeres "condenados a la pena máxima de treinta años sin derecho a indulto".
Otro caso, señalaron, es "el juicio contra autoridades del gobierno transitorio constitucional, militares, policías y cívicos, conducido entre graves deficiencias legales y violando los derechos humanos más elementales".
El mencionado juicio, precisó el Consejo, despierta "una seria duda de querer, de esta manera, encubrir una verdad de lo acontecido en el año 2019, reconocida por veedores e instituciones internacionales".
En el 2019 Bolivia enfrentó una crisis social y política agravada por las controvertidas elecciones que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales. Por derecho constitucional, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió la presidencia interina del país, pero la crisis política se agudizó.
Áñez dejó el cargo poco antes de las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020, que dieron como ganador a Luis Arce del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), al que pertenece Morales.
En marzo de 2021, Áñez fue detenida por orden de la Fiscalía de Bolivia, junto a exministros, jefes militares, policías y otros miembros de su Gobierno.
En ese contexto, el comunicado de los obispos bolivianos resaltó la urgencia de "contar con un sistema judicial idóneo e imparcial que devuelva la confianza y la esperanza a tantas personas víctimas de la retardación y manipulación de la justicia".
"Es urgente. Que se eviten mayores hechos de violencia y confrontación en nuestro país, y que todos podamos vivir en paz, armonía, serenidad y respeto sagrado de la vida, las personas y los derechos humanos no caducan en ninguna circunstancia", añadieron.