Por Blanca Ruiz
El Congreso de los Diputados de España aprobó el 1 de febrero el debate de la creación de una comisión para investigar los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
Los partidos políticos Podemos y los nacionalistas ERC y EH Bildu habían presentado la petición para crear esta comisión. El Partido Popular (PP) y VOX votaron en contra y presentaron una moción ante la mesa del Parlamento para que la investigación de los casos de abusos a menores sea total y no sólo los que han tenido lugar en ámbitos relacionados con las instituciones religiosas. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos vetaron la moción.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
En las próximas semanas se votará en el Congreso si se crea esta comisión de investigación sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
Mons. Luis Argüello, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), concedió una entrevista a Ràdio Estel, la radio de la Archidiócesis de Barcelona, hoy 2 de febrero en la que aseguró que en la creación de la comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia "influirán más las cuestiones políticas y las necesidades de apoyos que el interés real de las víctimas de todos los abusos".
"La experiencia nos dice que estas comisiones son más una plataforma para los enfrentamientos de los partidos políticos que una búsqueda de la verdad", aseguró.
Según Ràdio Estel, el portavoz de la CEE destacó que los grupos que promueven la investigación "emiten un juicio general diciendo que la Iglesia no es un espacio seguro", pero que "si hubiera una preocupación real por todos los abusos a menores, la comisión sería diferente, es un problema de toda la sociedad española que no sólo afecta a miembros de la Iglesia, que representan un porcentaje muy pequeño".
El pasado 31 de enero, la Fiscalía General del Estado de España ordenó que los 17 fiscales superiores remitan todos los procedimientos penales abiertos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en España.
Este procedimiento iniciado por la fiscal general del Estado, la ex ministra socialista Dolores Delgado, pretende que los fiscales superiores de las 17 comunidades autónomas de España envíen en el plazo máximo de diez días, las denuncias o querellas en tramitación que afecten a congregaciones, colegios católicos, diócesis y cualquier institución religiosa, no sólo católica, que hayan sido incoados tanto en sede judicial como fiscal.
Desde la Fiscalía General del Estado también precisaron que con este requerimiento "no se han agotado las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse".
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron a Europa Press que "todas las investigaciones que haga el Poder Judicial" sobre los abusos cometidos contra menores en la Iglesia y en la sociedad son "bien recibidas, en la medida que contribuyen a acabar con esta lacra social".
Según el informe de la fundación independiente ANAR, los casos de abusos sexuales cometidos por personas relacionadas con la Iglesia representan el 0.2% del total.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, aseguró durante una rueda de prensa, tras la visita ad límina al Papa Francisco, que "ante el tema de los abusos todos sentimos el gran dolor de ese hecho, en medio de la sociedad, y el deseo en todo momento de nuestra cercanía. Todos los obispos que hemos establecido unas comisiones en cada diócesis para recoger las denuncias, para acompañar a esas personas que se sienten heridas y evitar que en el futuro esas cosas puedan suceder, tenemos que poner todos los medios. Lo tenemos claro y eso lo hemos comentado con la [Congregación de la] Doctrina de la Fe y con el Papa".
Cabe recordar que desde la publicación del motu proprio Vos estis Lux mundi en el año 2019, cada diócesis así como las instituciones religiosas cuentan con oficinas de atención a las víctimas. Con ellas se pretende facilitar la denuncia y confirmar la aplicación de los protocolos de actuación.
Además desde la publicación de ese motu proprio se establece que, de conocer de algún posible abuso se debe informar a las autoridades competentes y se da un plazo de investigación de 90 días que debe estar liderado por el arzobispo metropolitano.
La petición de creación de la comisión de investigación de casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia tuvo lugar después de que en diciembre el diario El País entregó al Papa Francisco y a la CEE un informe con 251 casos de abusos sexuales.
Por su parte, la CEE aseguró entonces que "sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor, ya que su contenido, de carácter muy dispar, hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación".
