El próximo viernes 7 de enero podría realizarse la primera eutanasia a un paciente no terminal en Colombia, situación que ha generado preocupación y varias críticas por parte de los líderes provida del país sudamericano.
La eutanasia se practicará en un instituto prestador de salud (IPS) de Cali, capital del Valle del Cauca, al ciudadano de 60 años Víctor Escobar Prado, quien tiene EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva), varios accidentes cerebrovasculares y otros padecimientos.
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El anuncio ocurrió luego de que el juzgado 17 Civil del Circuito de Cali le exigió al comité científico de la entidad promotora de salud de Escobar (EPS Coomeva) que se reuniera con el paciente y coordinaran la fecha para ejecutar la eutanasia.
El 23 de julio de 2021 la Corte Constitucional de Colombia amplió el acceso a la eutanasia para personas con enfermedades no terminales. En 2015, la Corte despenalizó esta práctica, pero ésta sigue siendo un delito.
"Si se aplica la eutanasia este viernes, es posible que este sea el camino que están buscando para que se aplique está práctica no solo a enfermos terminales, sino a los que padecen enfermedades crónicas e incluso alguna depresión psicológica. La situación es delicada porque el abuso se puede empezar a cometer en cualquier momento", indicó a ACI Prensa Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida en Colombia.
El líder provida criticó que "el juzgado de Cali haya generado una sentencia basándose en una comunicación de la Corte Constitucional".
"Hablo de comunicación porque el fallo de la Corte Constitucional no se ha emitido, solo ha sido publicado un comunicado de prensa, lo cual es grave. La Corte está legislando en Colombia, algo que no le corresponde, basándose en comunicados de prensa", sostuvo.
Además, Magaña señaló que "si bien la Corte Constitucional emitió un fallo autorizando la eutanasia para las personas con enfermedades crónicas no mortales, no existe ninguna reglamentación al respecto".
"La Corte Constitucional ha tratado de seguir legislando a golpe de sentencias, obviando y desconociendo la función del Poder Legislativo, que es el encargado para reglamentar y generar leyes. Tenemos sentencias sin fundamento en el ordenamiento democrático, pues surgen de la ideología de algunos magistrados de la Corte (9 en total) que suelen fallar de forma dividida", lamentó.
"Por lo tanto, –continuó Magaña– existe un vacío desde el punto de vista legal; es una sentencia ilegal porque no hay ley que la respalde, es una sentencia que ha violado la institucionalidad democrática porque no he responde al análisis de una ley, sino que inventa disposiciones que inclusive van en contra de la Constitución
Santiago Guevara, abogado de la fundación Nueva Democracia de Colombia, comentó a ACI Prensa que el fallo del juzgado de Cali tiene por objetivo "dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional".
"Aunque la decisión únicamente condiciona la norma penal de homicidio por piedad, la realidad es que con el argumento de la muerte digna, la Corte en su sentencia avala y promueve este procedimiento, al punto que cualquier juez se sentirá respaldado para ordenar la realización de una eutanasia por enfermedad no terminal", lamentó.
El abogado considera "que la mayoría de colombianos creen que la vida de las personas tiene valor intrínseco y que se debe respetar y proteger". Por eso, cree que dicho argumento se debe "aprovechar para mostrarle a Colombia que las contribuciones de todos al sistema de salud no pueden ser utilizadas para acabar con la vida de las personas y, además, que la Corte ha ido demasiado lejos con la flexibilización y el desprecio por el derecho a la vida".
"Desafortunadamente el país ha permitido que la Corte adquiera un inmenso poder y que, desbordando todos los límites de sus competencias, se haya encargado de reemplazar al legislador y, en algunos casos, al constituyente", lamentó.
Guevara dijo que, aunque "nadie puede controlar las decisiones que se toman en ese Alto Tribunal", "sí se puede influir y procurar que lleguen personas respetuosas de la Constitución y la ley a tomar las decisiones".
"En Nueva Democracia ya lo hemos dicho, a los magistrados los elige el Senado y al Senado lo elegimos todos. El llamado es a exigir a los senadores que elijan magistrados que respeten la Constitución y, en concreto, el derecho a la vida, al punto que, si no lo hacen, tenga un costo político", exhortó el abogado provida.
Respecto a la situación personal de Escobar, Magaña cree que "ante la inminencia de su propia muerte, podría darse cuenta de la barbaridad que va a cometer y se eche para atrás como el caso de Martha Sepúlveda".
"Todo puede pasar. Sigamos orando por este hombre que está sufriendo tanto, para que encuentre el consuelo y la ayuda de los cuidados paliativos que podrían cambiar su situación", concluyó.