La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) saludó el fallo de la Sala Constitucional que admitió 15 recursos de amparo presentados por padres de familia contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por violar el derecho de miles de estudiantes menores de edad.
"Los obispos de Costa Rica ven con beneplácito fallo de la Sala IV, el cual resalta que derechos de los estudiantes fueron lesionados", señala un comunicado de los obispos emitido el 18 de diciembre.
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La vulneración de derechos de los escolares de quinto grado ocurrió tras la aplicación de ciertas preguntas contenidas en las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) el pasado 12 de noviembre.
Carlos Hidalgo, candidato a diputado y uno de los abogados que presentó un recurso de amparo contra el MEP, explicó que las pruebas "les consultaba información de índole personal y familiar, relacionada con la condición socioeconómica y socioafectiva de las personas menores de edad y sus familias".
El diario costarricense La Nación explica que el cuestionario tenía una sección de "información familiar" en la que "se les consultó a los niños el estado de las paredes, piso y techo de su casa". Además, les pedía "indicar si la vivienda era propia, completamente pagada, si se pagaba en cuotas o era prestada".
Los menores también debían indicar de qué materiales estaba construida su vivienda, incluyendo el tipo de acabados en interiores.
El medio precisa que a los niños se les preguntó también "si en la casa contaban con Internet, telefonía fija o móvil, electricidad, televisión por cable, agua potable, calle pavimentada, recolección de basura, servicio de bus y si pagaban empleada doméstica".
El cuestionario también pedía información sobre bienes familiares como vehículos, computadoras y todo tipo de artefactos.
También se consultó el número de cuartos y habitantes del hogar.
Como consecuencia, la Sala Constitucional determinó de forma unánime "que hubo una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política".
En su comunicado, la CECR exhortó a retomar el rumbo de la educación, "el cual debe estar al servicio de los estudiantes".
Aseguró que los últimos acontecimientos, con la aplicación de "cuestionarios extensos, solicitando datos sensibles" a estudiantes, "es un hecho que no podía pasar por alto".
Por eso, "felicitamos y exaltamos a las familias que recurrieron a la Sala Constitucional a proteger los derechos de sus hijos y vemos con beneplácito el fallo del tribunal", manifestó la Conferencia Episcopal.
En ese contexto, los obispos pidieron "a los responsables de tomar las decisiones sobre la educación en Costa Rica, que velen por los derechos de los estudiantes, eviten lesionar cualquier principio constitucional y se empeñen en ofrecer una educación integral basada en los valores que han guiado a nuestro país, libre de cualquier influencia ajena a los principios democráticos y lejana de cualquier ideología".